Trasladar la crisis institucional a la UE

La UE nos proporciona un marco común a todos los europeos en el que muchos de los problemas que hoy tenemos planteados pueden ser tratados en él con mayor efectividad; aunque solo sea porque el ámbito en el que se plantean sobrepasa ampliamente el de cada uno de los Estados. Baste reseñar, por mencionar los más inmediatos, la cuestión energética, que difícilmente puede tener solución en un marco estatal; o los nuevos problemas planteados por la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia; o los relacionados con la crisis migratoria. Todos ellos asuntos que desbordan los marcos estatales y que tienen un tratamiento más adecuado en el que proporciona la UE.

Pero hay otras cuestiones, como las relativas a nuestra crisis institucional, que no tienen su origen en la UE; y, aunque solo sea por esta razón, difícilmente van a tener en ella el ámbito más propicio para su tratamiento y resolución. Si hay un terreno en el que los problemas que se plantean son propia y exclusivamente de cada uno de los Estados, éste es de forma especial el de las relaciones institucionales en el seno de cada uno. Es lo que ocurre con los problemas derivados del bloqueo institucional enquistado que está impidiendo el normal funcionamiento de instancias claves; en especial las relacionadas con la judicatura y el órgano de gobierno de ésta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La introducción por el PP y Vox de este tema como uno de los puntos del orden del día del pleno del Parlamento europeo (Estrasburgo, 18-1), bajo el llamativo epígrafe «Proteger el Estado de Derecho contra la impunidad en España» (sic), no deja de ser chocante. En primer lugar, por la gravedad del asunto a tratar en la máxima institución representativa europea –nada menos que la protección del Estado de Derecho en España ante la impunidad– y, junto a ello, no se acaba de entender muy bien cuáles pueden ser las medidas a adoptar por las instancias de la UE ante un hecho de tal envergadura; que de ser verificado, y de acuerdo con los propios Tratados, comportaría la activación de sus previsiones sancionadoras.

No parece razonable creer que éste fuese realmente el objetivo de los promotores de esta insólita iniciativa en la Eurocámara; más bien habría que pensar que se trata de una peculiar forma de ejercer la oposición al Gobierno de España… en el Parlamento europeo, lo que no deja de ser original. En cualquier caso, recurrir a la utilización instrumental de las instancias europeas para denunciar ante ellas al Gobierno propio, acusándole nada menos que de atentar contra el Estado de Derecho, es una forma de hacer oposición que no suele ser nada habitual en ninguno de los países de la UE. Y que, además, resulta completamente inútil para afrontar los problemas institucionales que tenemos planteados aquí y que no van a resolverse en la UE.

No por inútil resulta irrelevante el ensayo de esta nueva forma de ejercer la oposición. Si en todos los países de la UE la oposición hiciera el mismo uso instrumental de las instituciones europeas, denunciando ante ellas a su propio gobierno para así debilitarlo en sus pugnas internas, la UE sería, para empezar, muy difícilmente gobernable; y, lo que es más importante, vería desvirtuadas por completo las funciones que tiene asignadas en los propios Tratados, en los que no existe referencia alguna a la intervención en las crisis institucionales de sus Estados miembros.

Por si había pocos problemas con el bloqueo institucional que estamos sufriendo, que no se reduce solo a la renovación del CGPJ aunque este sea en el momento actual el más visible, su exportación a la UE no solo no resuelve nada sino que contribuye a añadir más problemas. Conviene tener siempre presente que la UE proporciona un marco muy útil para tratar y resolver en él muchos de los asuntos comunes que tenemos hoy los europeos; pero nadie debe esperar que los derivados de las crisis institucionales en el seno de los Estados sean resueltos por Europa. Y menos aún resulta admisible que se recurra a la utilización instrumental de las instancias europeas en beneficio propio para conseguir una posición más ventajosa en el propio país.