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España tiene un grave problema en el acceso a la vivienda que afecta especialmente a los jóvenes y a la los sectores vulnerables. Esto tiene efectos sociales y económicos perniciosos: retrasa la emancipación de los jóvenes, reduce el crecimiento del número de hogares (palanca importan ... en el vigor del consumo y motor de la economía), impide construir un proyecto de vida, obliga a destinar cantidades exageradas (más del 40% de sus ingresos) para acceder a la vivienda (bien en propiedad o en alquiler), para aquellos que lo pueden conseguir, en detrimento de otros gastos e inversiones. Quizá sea este el problema social mas crítico de España en estos momentos.
Ante este panorama nos debemos de plantear cuál debe ser la respuesta de los gobiernos desde la premisa de que mercado de la vivienda es complejo y ninguna solución es fácil ni exenta de resultados contradictorios con el objetivo que se pretende alcanzar: mejorar el acceso a la vivienda a la población.
Una de las opciones ya la conocemos. Consiste en liberar todo el suelo disponible, declarándolo apto para construir, con el argumento de que más oferta de suelo reduce su precio y con ello el precio de la vivienda que en ella se construya. El problema es que esta opción ya la hemos vivido en España, la puso en marcha el gobierno Aznar y lo que aconteció fue una burbuja inmobiliaria de consecuencias catastróficas para nuestra economía. España tuvo que ser rescatada y desapareció una parte del sistema financiero, la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, dando lugar al oligopolio financiero que tenemos en la actualidad.
Otra opción consiste en intervenir en el mercado con políticas públicas por parte de las distintas administraciones. Políticas que, por un lado, desarrollen actuaciones estructurales: explotar el parque existente movilizando viviendas vacías (Santander tiene más de 2.500 viviendas vacías), propiciar cambios de uso de edificios y locales hacia la vivienda, limitar el número de viviendas que no se destinan a residencia habitual, incrementar el parque público de vivienda haciendo especial hincapié en la vivienda pública de alquiler accesible.
Por otro lado, mientras estas medidas, surten efecto, intervenir en el precio del alquiler regulando el mismo en las zonas mas tensionadas. Esta opción es la que ha puesto en marcha el gobierno de España en un contexto donde el resto de administraciones, Comunidades y municipios tienen mucho que decir.
El camino que queda por recorrer es enorme. En España, durante 2023, se construyeron 8.646 viviendas de VPO, de las cuales 2.302, el 26,6% del total, se destinaron al alquiler. Números ridículos ante el volumen del problema. En Cantabria no reportó ninguna calificación definitiva de VPO y, por supuesto, ninguna en régimen de alquiler. Para ponerlo en contexto: en Santander mas de 8.000 personas se han solicitado participar en el sorteo para acceder a las 282 viviendas de protección en la ampliación del el Alisal. Por cierto, sólo 15 de ellas serán en régimen de alquiler a añadir a las escasas 200 que se ofrecen en la actualidad.
Por otro lado, en fechas recientes se ha publicado en el BOE el sistema de precios de referencia para controlar los precios del alquiler en las áreas tensionadas. De momento sólo Cataluña, y previsiblemente Asturias y Navarra en un futuro, tiene intención de utilizar dicha herramienta.
En el caso de Cantabria, ante la puesta en marcha de este sistema, el consejero de Fomento que en la Comunidad manifestó que no se iba a aplicar en Cantabria porque es propio de países comunistas. Argumento, por llamarlo de alguna manera, que se desmonta con una ligera mirada a lo que acontece en algún país europeo.
Austria inició sus políticas públicas de vivienda en 1920. El 25 % del parque de vivienda es público, en España el 2,5 %. En Viena el 45 % del parque inmobiliario está en manos públicas y a la vez existe un control del precio del alquiler. El resultado es que el precio medio del alquiler es la mitad del de Madrid y un 60 % mas bajo que el de Barcelona. Viena es una de las ciudades europeas mas asequibles para vivir. Austria, que es o ha sido gobernada por partidos socialdemócratas, de derecha, incluso de extrema derecha, ¿es un país comunista?
De lo que en realidad se trata es de desviar la atención ante el hecho de que, frente al principal problema social de la región en estos momentos, la derecha regional renuncia a una intervención decidida sobre el mismo: se rechazan fondos europeos para construir 250 viviendas en El Campón en Santander y lo mismo sucede con el proyecto de 257 en la finca de la Remonta.
Es desalentador constatar que frente a un problema tan grave la única respuesta sea soltar el primer exabrupto que se viene a la cabeza.
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