Ceguera y cinismo en el Gobierno regional

Me ha venido a la memoria la novela de José Saramago al escuchar la posición de la presidenta del Gobierno regional frente a la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España. Hablamos de una condonación global de más de 83.000 millones de euros, lo que implica un ahorro anual de 7.000 millones en el pago de intereses.

En el caso de Cantabria las cifras son una reducción de 809 millones en su deuda y, con ello, se dejarán de pagar gastos financieros en una cantidad relevante. Gastos financieros que son la 'tercera consejería' por volumen después de sanidad y educación. A esas cifras la presidenta ha anunciado el voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) siguiendo las directrices del PP a nivel nacional. Es decir, moviéndose como una autómata, recibiendo órdenes y cumpliéndolas sin preguntar por la razón de las mismas. Un comportamiento irracional alejado de los intereses de la comunidad. Porque rebajar la deuda y el pago de intereses permite atender otras inversiones ligadas al estado de bienestar y a la modernización de la economía de Cantabria que ahora o no se abordan o se hace de forma insuficiente.

Los argumentos, por decir algo, para mantener semejante posición política son peregrinos. Uno de ellos es que esto se hace para contentar a los independentistas catalanes y conseguir así que Pedro Sánchez siga en el Gobierno. Esto es falso porque todas las comunidades verán reducida su deuda. De hecho, el 70% del volumen total condonado se lo llevarán las autonomías gobernadas por el PP. Cataluña verá reducida su deuda con el Estado en un 22%, Cantabria lo hará en un 24%. ¿Dónde está el trato de favor?

Otro argumento que se utiliza es aquel que dice que lo que necesitan las comunidades es un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Como si ambas cuestiones fueran antagónicas. Claro que se precisa un nuevo SFA, pero también reducir la deuda que tiene su origen en la crisis de 2008 con la caída de ingresos públicos que provocó y que impidió a las comunidades financiarse en los mercados. Esto obligó al Estado cubrir ese vacío a través del FLA impulsado por Cristóbal Montoro. La condonación de la deuda es un paso necesario para abordar la negociación del nuevo SFA.

El calculo de la condonación de la deuda se realiza utilizando el peso relativo de la población ajustada para cada comunidad con el SFA actual, que en el caso de Cantabria es de 1,3. De cara al nuevo SFA, el Ministerio de Hacienda ha remitido recientemente una revisión de la población ajustada, que contó con el rechazo del Gobierno regional y que sin embargo aumenta el peso relativo de Cantabria, que de aplicarse al caso que nos ocupa permitiría reducir la deuda en cerca de 100 millones más. No todo lo que propone el Gobierno de España es malo por definición.

En la propuesta del Ministerio de Hacienda se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal. A esa compensación adicional Cantabria no ha podido acceder puesto que el Gobierno regional alardea de «la rebaja fiscal mas grande de la historia». Medidas irresponsables provocan estas situaciones.

Todas las comunidades del PP votan en contra de la propuesta Ministerio de Hacienda en el CPFF, pero la medida va a salir aprobada porque tendrá votos suficientes. Más adelante se tiene que reformar, en el Congreso, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que también saldrá adelante. Entonces las CC AA tendrán que decidir si voluntariamente aceptan la condonación de la deuda propuesta para su comunidad. Y todas ellas lo harán. Estamos ante una postura cínica.

La ceguera y el cinismo como forma de abordar los debates relevantes no es lo que reclaman tanto la situación financiera de las comunidades como los ciudadanos que quieren ver soluciones a sus problemas. Esta propuesta del Gobierno de España es un balón de oxígeno para las CC AA y todas ellas son conscientes de ello, independientemente de lo que expresen en público sus representantes.