Gobernar para el uno por ciento

Es a la luz de estos datos en la que debemos de analizar las medidas fiscales que la derecha y la extrema derecha pretenden generalizar en las comunidades que gobiernan con relación a este impuesto. De entrada, el impuesto no lo pueden eliminar porque es de titularidad de la Administración General del Estado. Lo que sí puede hacer es bonificar, en todo o en parte, la cuota que deben de pagar los contribuyentes. Es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha bonificado con el 100% a los cerca de 19.000 contribuyente del IP que han dejado de pagar de media cerca de 65.000 euros y en total 1.200 millones menos de ingresos públicos. En este contexto es oportuno decir que Madrid es la región española con menor ingreso y gasto público per cápita.

Recientemente Extremadura ha aprobado la bonificación del 100% del IP y, a la vez, anuncia la eliminación de la subvención en los comedores escolares de la red pública. Vemos pues que, contrariamente a lo que se afirma, la caída de ingresos públicos trae aparejada la minoración de programas de gasto e inversión públicas.

El argumento, que con todo descaro maneja la derecha, de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente no deja de ser una broma de mal gusto. Será mejor para el contribuyente, pero muy negativo para la comunidad y la economía. La inversión pública, tanto en infraestructuras como en políticas sociales, tiene un efecto multiplicador sobre la economía claramente superior al gasto privado que hipotéticamente pudiera hacer quien deja de pagar al erario público.

El nuevo gobierno de Cantabria ha anunciado una reforma fiscal en la que se pretende bonificar el IP, parece que con el apoyo en este caso del PRC y por supuesto de Vox. Una medida que exime de pagar al 1% de los contribuyentes más acaudalados.

Son varias las razones por las cuales me muestro contrario a tal medida. Expondré algunas de ellas. Implica una merma importante de ingresos públicos (20 millones de euros obtenidos de los más poderosos) con la consabida merma de inversión en bienes y servicios públicos, para la mayoría de la clase media y trabajadora. Lo cual incrementa la desigualdad y Fuentes Quintana ya dejó dicho en 1953 que «sin justicia distributiva no hay paz social».

Se argumenta que la bonificación del impuesto evita la salida de los contribuyentes más ricos buscando otros territorios con una fiscalidad más benévola. Con independencia de los aspectos éticos, solidarios y de patriotismo de tal argumento, la realidad es que con la actual regulación del IP en Cantabria el número de contribuyentes por el impuesto no ha descendido, sino que ha aumentado. En concreto un 2,3% desde 2019 pandemia mediante.

Un argumento adicional a favor del IP se basa en la equidad. La riqueza supone una fuente indirecta de renta para quienes la poseen, en la medida en que incrementa su seguridad financiera, facilita el acceso a deuda y aumenta las oportunidades de disfrutar de mayor bienestar. El gravamen de la riqueza que implica el IP contribuye a financiar políticas públicas de carácter redistributivo. Y su recaudación no es despreciable.

Un último aspecto tiene que ver con la coherencia. Cuando se constituya el nuevo Gobierno central se abrirá con intensidad el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. Yo me pregunto cómo las Comunidades Autónomas, que reducen la carga fiscal a los contribuyentes con más poder económico, pueden exigir un modelo que les aumente los ingresos. Estos no caen del cielo, se obtienen de los impuestos. No es muy coherente, ni tampoco muy eficaz, ir a una negociación reclamando más ingresos porque tu región lo necesita habiendo reducido los impuestos con antelación. No parece muy lógico pedir que te den más, alguien lo tendría que pagar, para tu bajar impuestos.

En definitiva, lo que tenemos delante es una medida de gobierno en donde el 99% de los contribuyentes ayudan al 1% con mayor capacidad económica. Justo lo contrario de lo que dice el artículo 31.1 de la Constitución: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».