Contra la igualdad, la responsabilidad y el interés de Cantabria

La propuesta del Ejecutivo forma parte de la doctrina del PP, en la cual la bajada de impuestos, en cualquier circunstancia económica, es como las tablas de la ley. Hay que decirlo claro, una bajada de impuestos implica una caída de ingresos y con ello de inversión en servicios públicos esenciales de calidad y accesibles para toda la población. Supone la renuncia de intervención del Estado en la economía e impide consolidar una clase media potente. A partir de un determinado nivel, no es verdad que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente. El gasto y la inversión pública tienen un efecto multiplicador mayor que el gasto privado. Decir que bajando impuestos se recauda más es un disparate, como indican una buena pléyade de estudios académicos muchos de ellos del FMI. En estos momentos, Bruselas y todos los organismos internacionales llaman a evitar rebajas fiscales en el contexto actual. La reforma de Cantabria va en sentido completamente contrario a la responsabilidad fiscal necesaria.

A cuenta de rebajar unos cuantos euros a una parte de los contribuyentes (beneficiando mucho más a las rentas más altas), exime de pagar en Cantabria más de 6.600 euros de media a los 3.000 contribuyentes por el Impuesto de Patrimonio. Dejarán de pagar en Cantabria, pero lo tendrán que hacer entonces por el impuesto estatal a las grandes fortunas con cuya recaudación se quedará la Administración General del Estado. Un desatino para los intereses de Cantabria.