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En los últimos días toma fuerza de nuevo el debate sobre la reforma del Modelo de financiación Autonómica (MFA). Como otras veces se reproduce el argumentario tradicional de la derecha sobre esta cuestión cuando no está en el Gobierno central: se está negociando bilateralmente con ... Cataluña, lo que implica un tratamiento beneficioso para esa comunidad que culminará con un MFA perjudicial para el resto. Este razonamiento es falso, en fondo y forma, y trata de ocultar las posiciones concretas de los diferentes actores para no entrar en conflictos entre comunidades gobernadas por el mismo partido y para ello se dedican a marear la perdiz sobre aspectos no reales. Trataré de explicarlo.
En los gobiernos de Felipe González, Aznar, Rajoy y Zapatero se negociaron diferentes MFA siempre con la misma metodología: reuniones bilaterales con las comunidades autónomas del régimen común (todas menos País Vasco y Navarra), con Cataluña actuando como vanguardia y votación final en el Consejo de Política Fiscal y Financiera CPFF como marca la ley. No hay un modelo para Cataluña y otro para el resto. Por tanto, si hay beneficios o agravios los habrá para todos.
El modelo vigente desde 2009 se acordó en el CPFF y no tuvo ningún voto en contra. Fue votado a favor por las comunidades gobernadas entonces por el PSOE, y la abstención de las gobernadas por el PP, salvo el caso de Castilla y León que votó a favor.
Sí, hubo reuniones bilaterales con Cataluña y con el resto de Comunidades. Yo participé en una en la Moncloa, acompañando al presidente Revilla, con el presidente Zapatero y el secretario de Estado de Hacienda. En esa reunión se acordó una fórmula que permitió a nuestra comunidad acceder a uno de los fondos del MFA lo que ha supuesto, en la última liquidación, unos ingresos de 29 millones de euros. En paralelo a esas reuniones bilaterales hubo reuniones técnicas entre las comunidades y el gobierno. Al final todo ese trabajo previo se concretó en una propuesta que se trasladó al CPFF y se votó con el resultado ya comentado.
Ahora estamos en los inicios de una nueva negociación y conviene centrarse en lo sustancial.
Cantabria tiene una posición que en gran parte es compartida con otras comunidades con independencia del color político: Galicia, Asturias, Extremadura, las dos Castillas, Rioja y Aragón. Por el contrario, nos diferenciamos de las otras comunidades por las circunstancias distintas a la hora de la prestación de los servicios públicos en cada territorio. Encajar este puzzle no es fácil. Requiere de mucho dialogo, de argumentos sólidos para defender la posición, de negociación, de política, en definitiva. Muy lejos del palabrerío hueco, pero dañino, al que estamos asistiendo.
El nuevo modelo debe de garantizar, en primer lugar, los recursos suficientes a las comunidades para financiar su gasto que, en gran medida, es el soporte del estado de bienestar. Todas están deficientemente financiadas y reclaman, con razón, más recursos. Pero esa razón la pierden aquellas que previamente plantean una rebaja impositiva. En el caso de Cantabria se reducen 90 millones de ingresos tributarios, y además de una manera socialmente injusta, reduciendo los impuestos a quien más ingresa, posee o hereda. Mal punto de partida para defender la posición.
El Gobierno central ha dado ya algún paso. Así, en diciembre de 2021, el Ministerio de Hacienda presentó un documento que contenía una propuesta de población ajustada para determinar el reparto de los recursos del MFA. Las variables actuales del modelo otorgaron a Cantabria un porcentaje de participación del 1,35%, en 2017, en el total de recursos que se reparten por población ajustada, mientras que la propuesta del Ministerio puede mejorar la situación de Cantabria, ya que elevaría su porcentaje de participación al 1,59%. Dicha mejora llegaría, sobre todo, a través de las variables representativas de Costes Fijos, Despoblación, Dispersión, Orografía y Servicios Sociales y del mayor peso que se le otorga a algunos Servicios Públicos Fundamentales tales como Sanidad y Servicios Sociales. No parece que este sea un mal punto de partida para Cantabria.
El Gobierno ha planteado también una condonación de la deuda de las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Como siempre el camino se ha iniciado con Cataluña y como siempre el resto van a acceder también a la condonación en las mismas condiciones. En Cantabria podríamos estar hablando de una reducción de la deuda de 600 millones y del gasto en intereses de más de 50. Tampoco es mal punto de partida.
Cantabria tiene un voto en el CPFF, lo mismo que Cataluña, y resto de comunidades. Debe de hacer valer ese voto. Buscar alianzas con otras comunidades con situaciones similares para equilibrar fuerzas y conseguir que el MFA resultante, en el que nadie quedará plenamente satisfecho, permita una mejor financiación regional. Es decir, hacer política de verdad, defender los intereses de Cantabria, que para eso ha sido elegido y no aprovechar cualquier circunstancia, venga o no a cuento, para confrontar con el Gobierno central. Ese camino no conduce a nada bueno para el país
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