No, no vendrán 600 millones menos

En este contexto surge la propuesta de Cataluña como consecuencia del pacto para la investidura el PSC y Esquerra Republicana. Recalcar que hablamos de un pacto entre dos partidos en el seno de la Comunidad de Cataluña. No estamos hablado de un acuerdo entre gobiernos.

El acuerdo en Cataluña requiere de un desarrollo que llevará tiempo y existe la duda razonable de si será posible realizarlo en el transcurso de la presente legislatura. Lo que se ha acordado son unas líneas maestras pendiente de concretar detalles sustanciales, que se dejan deliberadamente ambiguos e imprecisos, pendiente de un amplio desarrollo en el Congreso de los Diputados para reformar las leyes que sean necesarias (la Lofca que data de 1980, Ley de cesión de tributos, entre otras). El debate y, en su caso, el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación será largo y complejo y será este proceso el que determine el sentido y la bondad, o no, del modelo para el conjunto de las comunidades autónomas.

Se parte de que la comunidad recaude la casi totalidad de los impuestos. Esto no implica que el Estado central se jibarice. En Alemania los Lander recaudan prácticamente todos los impuestos y es una primera potencia mundial.

Mas allá de la retórica, el acuerdo catalán no es igual que el concierto vasco y navarro. El concierto está en la Constitución. Cualquier modificación del mismo obligaría a una reforma constitucional. En el caso catalán estamos hablando de una cesión de tributos: la titularidad de los tributos sigue perteneciendo a la administración Central.

No hay cupo. En el caso de Cataluña el Estado se queda con un porcentaje de los ingresos, sin concretar, para participar en el sostenimiento de los gastos comunes del Estado. No habrá, por tanto, negociaciones bilaterales anuales para calcular la aportación de la comunidad al Estado.

Se contempla la solidaridad para con el resto de regiones, aspecto que no tiene el concierto vasco. La aportación a la solidaridad debe ser explícita y debe reflejarse de forma transparente. Tampoco se concreta un método permanente para su determinación.

No tiene el poder normativo sobre los impuestos del que disfruta el concierto vasco. Los cambios normativos se decidirán en coordinación con el Estado y la UE. Como se concrete esta coordinación será clave en el desarrollo del modelo. De hacerlo correctamente se avanzaría también de manera singular en la corresponsabilidad fiscal, los cual hará más difícil el dumping fiscal entre comunidades y caminaríamos hacia una mayor armonización fiscal en España y Europa.

Desde mi punto de vista. El modelo ha de poder ser extensible a otras CCAA para que sea aceptable y pueda lograrse las mayorías parlamentarias imprescindibles para su implantación.

En cualquier caso, la extensión del modelo requerirá de la aportación de recursos adicionales al sistema por parte de la administración central (algunos autores hablan de 30.000 millones) a repartir entre las comunidades autónomas en una negociación multilateral. Cabe recordar que de lo estamos hablando es de financiar el Estado del Bienestar. Si no lo hacemos ahora, que hay recursos, quizá nos condenemos de por vida a tener un estado de bienestar raquítico.

En definitiva, como se determine la aportación al Estado, la solidaridad, la capacidad normativa, la extensión o no a otras comunidades, la relación entre las agencias tributarias, los recursos adicionales aportados, son los aspectos relevantes pendientes de decidir y que, con su concreción nos determinarán la realidad del Modelo y podremos, entonces sí, formular una valoración precisa del mismo. Algunas de las críticas que se han vertido es estas últimas semanas tienen un punto de vista apriorístico no sustentado sobre bases reales.

Si en Cantabria se aplicara el 'modelo catalán' obtendría más de 4.000 millones de euros de ingresos tributarios frente a los 2.337 que nos aportó el SFA en 2022. Con esa diferencia podríamos incrementar la financiación de nuestro estado de bienestar, cubrir el gasto de la Administración Central y, posiblemente, aportar a la solidaridad del resto de comunidades que lo precisen.

Como se ve todo esto está muy lejos de cifras que han aparecido filtradas por el Gobierno regional, de mermas de hasta 600 millones en la financiación. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir tamaña reducción de ingresos que pondría en peligro la viabilidad de la comunidad y la erosión del Estado del Bienestar. Por tanto, eso no va a pasar.