De 0 a 3 años

Regular este ciclo no es solamente delimitar qué profesionales actúan en él, establecer las ratios o definir los requisitos mínimos de los centros que lo imparten. Hay que elaborar un currículo para estas edades y abordar un conjunto de necesidades del alumnado (emocionales, afectivas, de higiene, salud, descanso, alimentación...), todas ellas interrelacionadas, y a las que el sistema tiene que dar respuestas satisfactorias. En Cantabria no partimos de cero, porque nuestros colegios públicos atesoran una rica experiencia de varios cursos ofertando aulas de infantil de dos años. Pero ahora, no obstante, se trata de afrontar un reto nuevo y complejo como es el de ampliar la oferta a tramos todavía de menor edad. La Consejería de Educación se limita a esperar normas básicas del Estado, y éste, o sea, el Ministerio de Educación, parece que impartirá doctrina sin tener mucho en cuenta la opinión de maestras, técnicos superiores y otros profesionales. He aquí el eterno pecado original de nuestro sistema, en el que cambios, reajustes, ampliaciones y reformas son impuestos piramidalmente sin procesos previos de reflexión y debate entre la comunidad educativa.

Y en ausencia de cauces de participación para decidir la regulación del primer ciclo de Educación Infantil, otros intereses ya se están moviendo para obtener posiciones ventajosas de cara a la nueva oferta educativa. Nada menos que 671 millones de euros procedentes del fondo asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que impulsa la Unión Europea, llegarán a las comunidades autónomas con el objetivo finalista de crear plazas de este ciclo. El plan del Gobierno central prevé que estas aulas serán de titularidad pública y priorizarán el acceso del alumnado en zonas con mayor riesgo de pobreza. No obstante, algunos gobiernos autonómicos, como los que se reunieron recientemente en Santiago de Compostela (Cantabria incluida) prevén destinar estos fondos a concertar guarderías y centros educativos privados. La patronal cántabra del sector ya ha sintonizado con las ondas emitidas desde Galicia, para solicitar no solo el maná de la subvención, sino la promesa de no abrir aulas públicas allí donde hubiera iniciativa privada, es decir: dar la vuelta a la actual situación, convirtiendo a la red pública de centros en subsidiaria de la privada. Argumentan la incapacidad de la oferta pública para absorber toda la demanda, obviando hechos que demuestran lo contrario. En los colegios públicos de Cantabria, entre 2004 y 2007, se abrieron noventa aulas de infantil de dos años que ofertaron más de 1.600 puestos escolares, el doble del objetivo que acaba de marcarse el Gobierno. Entonces no hubo fondos europeos, ahora sí; entonces hubo voluntad política, ahora parece que no.

En el curso 2004/05 la red de centros públicos escolarizaba en Cantabria, desde Infantil a Bachillerato, al 64% del alumnado y la privada, al 36% restante. Diecisiete años después, la correlación entre ambas redes es 71% y 29%, respectivamente; con lo que, si hacemos comparaciones, concluimos que las preferencias por los centros públicos ganan posiciones de manera clara y sistemática en el largo plazo. Una decisión del calado de redirigir los fondos europeos hacia las aulas privadas del primer ciclo de Educación Infantil no parece tener otro objetivo estratégico que el de intentar corregir esta tendencia histórica. El Gobierno autonómico, y en especial la parte regionalista, debería meditar mucho el dar cualquier paso en esta dirección, y no sólo por el previsible conflicto y consiguiente desgaste político, sino por las consecuencias negativas que finalmente iba a acarrearle al conjunto del sistema educativo cántabro. La subvención de guarderías privadas, cuyo objetivo es maximizar beneficios, no garantizará las condiciones de igualdad, equidad y calidad que deben distinguir a un servicio público. Cuatro décadas de régimen de conciertos han demostrado la imposibilidad de conjugar este carácter de servicio público que debe tener la educación, con la naturaleza privada de los colegios concertados. Olvidar esto es entender muy poco de cómo hacer una política educativa progresista, justa y compensadora de desigualdades.