Patrimonio: protección versus destrucción

El balneario de Juan José Resines del Castillo, autor también del edificio del Depósito de Elaborados de Tabaco del Extranjero, en la esquina entre las calles del Marqués de la Hérmida y del Marqués de Comillas (Antonio López), o del kiosco-bar (antes gasolinera) de los jardines de Pereda, fue una pieza singular, de aspecto racionalista náutico con un potente zócalo pétreo. «Arquitectura sencilla, marinera, a base de terrazas y grandes huecos desde donde contemplar las innumerables bellezas de nuestro puerto», decía la propia memoria del proyecto en 1957 (hay planos de 1953).

El Polo Norte cuenta con un nivel de protección estructural dentro del conjunto histórico-artístico de una zona de El Sardinero, del que forma parte desde su declaración en 1986. Se trata de un Plan Especial de iniciativa municipal; el mismo que protege las barandillas del paseo de Reina Victoria o de la playa del Camello, también maltratadas en su día. Esa protección es la que hace que no deban alterarse en sus características las pilonas y barandillas mencionadas o que no se pueda, que no se deba, demoler el Polo Norte. Proponer gestionar su descatalogación, su desprotección, cuando no se ha gestionado su obligatoria protección es una osadía tan inaudita que produce sonrojo pensar en unas administraciones que manifiesten tal desapego hacia el patrimonio común y que consideren que las protecciones están para ser retiradas a [su] capricho. En el ámbito playero, la existencia de edificios como este genera un servicio indiscutible a quienes hacen uso de ellos y de las playas, siendo muy poco admisible que cualquier Administración plantee su demolición como única salida.

La destrucción del patrimonio se fragua desde lo pequeño. Todas las intervenciones dañinas, aun sobre elementos o construcciones pequeñas, tienen el mismo efecto: atentar contra el bien común tanto materialmente como desde lo conceptual. La desaparición de elementos patrimoniales, con su carácter habitual de hitos, nunca podrá sustituirse por su teórica «puesta en valor», pues ya habrán desaparecido para siempre.

Primero fue el anuncio de la demolición de la Residencia Cantabria. Luego, del depósito elevado de agua (ya sin uso) en Cueto. En último lugar, el compromiso de que, una vez ya no esté protegido, será el balneario Polo Norte, el de La Horadada, la tercera construcción sobre la que se aplicará la destrucción como único criterio de actuación posible. ¿Que están declaradas como edificaciones protegidas o de interés? No importa, se desprotegen entre todos y, ya inermes, se derriban. ¿Que merecerían mayor interés por su carácter patrimonial? Tampoco importa. La falta de iniciativa para aplicar nuevos contenidos a unos o para obviar su valor como hitos a otros, marcan decisiones que, sin argumentos sustentantes, quizá tan solo sea una vana demostración de poder.

¿Acaso el conglomerado institucional actuará como una gran Reina de Corazones que cree distinguir entre las rosas blancas pintadas de rojo y las verdaderas rosas bermejas? Mandar cortar las cabezas de todo aquel que se le oponía era una opción que Carroll concedió a la original reina, pero con el patrimonio cultural común esa alternativa no debería depender de tan veleidosos exabruptos. Las administraciones deben velar por la protección del patrimonio, no instrumentar su destrucción.