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Se acaban de cumplir diez años de la Resolución Independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la asistencia paliativa mediante la cual se instó a todos los países a «fortalecer los cuidados paliativos como un componente esencial de la atención integral a ... lo largo de toda la vida». No existe duda de que es una responsabilidad ética de los sistemas de salud paliar el sufrimiento y el dolor, y para los sanitarios una obligación moral.
La finalidad de los cuidados paliativos es, a partir de un enfoque asistencial holístico, dar respuesta a las necesidades físicas, psíquicas, emocionales, sociales y espirituales de la persona, con el fin de proporcionar una mejor calidad de vida, facilitándole la información precisa y aceptando su papel en la toma de decisiones sobre su tratamiento y el final de su vida.
La medicina ha logrado avances significativos en la prevención y tratamiento de muchas enfermedades, permitiendo un aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, la calidad de vida de las etapas finales sigue siendo un área donde los recursos son insuficientes.
En España la ausencia de una ley específica de cuidados paliativos que armonice los planes que se desarrollan en algunas comunidades conlleva el que exista un déficit importante de recursos en cuidados paliativos.
Se calcula que en nuestro país precisan de cuidados paliativos al año entre 300.000 y 370.000 personas, 135.000 de las cuales requieren de, al menos, una intervención de un equipo específico por la complejidad de su situación, y solamente un 40% de estos los reciben.
España cuenta con una media de 0,6 unidades de cuidados paliativos por 100.000 habitantes, siendo la recomendación de dos equipos –uno hospitalario y otro a domicilio– por cada 100.000, y con ello ocupa la posición 31 de los países europeos, según los datos del Atlas of Palliative Care in Europe. En Cantabria el ratio de unidades de cuidados paliativos publicas es de 0,5 por 100.000 habitantes.
Estas cifras reflejan por sí mismas una necesidad urgente de estructurar y garantizar el acceso universal a este tipo de cuidados, esencial para asegurar la dignidad de los pacientes y sus familias en cualquier zona del estado español.
Una ley de cuidados paliativos no solo proporcionaría un marco jurídico que garantizase el acceso equitativo y universal a este servicio esencial, sino que también permitiría establecer estándares de calidad en la atención de una persona al final de su vida. Al contar con una ley específica, el Estado español reafirmará su compromiso con el respeto a la vida y a la dignidad de la persona.
La normativa deberá contemplar aspectos fundamentales como la cobertura en todo el territorio o cambios en el programa curricular de los profesionales sanitarios y permitir que el paciente tome decisiones informadas sin importar el código postal, lo que contribuirá a ser más eficientes en la gestión de los recursos sanitarios.
La ley deberá garantizar la integración de los cuidados paliativos especializados en todos los niveles asistenciales.
Además, es preciso que todos los profesionales sanitarios estén formados en esta materia –en España, actualmente, solo existe formación específica en 23 de las 50 facultades existentes– por lo que debería establecerse una asignatura independiente, con el suficiente número de créditos y sistema de evaluación. Es urgente, asimismo, afrontar la acreditación oficial de otros profesionales con capacitación para ejercer los cuidados paliativos especializados.
En enfermería los cuidados paliativos se cursan en la mitad de los grados obligatoriamente, si bien entre comunidades hay diferencias con respecto al número de créditos, y deberá extenderse al 100% de los grados.
La creación de una ley de cuidados paliativos no es solo necesaria y urgente desde un punto de vista sanitario, sino desde un punto de vista de justicia social y humana. Garantizar el acceso de las personas a los cuidados paliativos en todo el territorio español significa brindar a los pacientes una vida y una muerte digna, libre de sufrimientos innecesarios, y asegurar que sus familias reciban el apoyo que precisan en una etapa tan crucial.
La aprobación de esta normativa tiene que ser una prioridad en la agenda política de España, pues representa un avance hacia una sociedad más sensible, inclusiva y justa.
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