El lobo: la gestión de un conflicto

Entre julio de 2015 y marzo de 2019, la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación trabajó en la elaboración del Plan con la participación de la Mesa del Lobo, reunida por primera vez al inicio de esa legislatura. En marzo de 2016, el Consejero de Medio Rural expuso en el Parlamento de Cantabria las bases del Plan de Gestión que, finalmente, se publicó en el BOC en abril de 2019.

La Consejería de Desarrollo Rural aplicó el Plan, incluyendo el control de lobos fundamentalmente a cargo de los agentes del Medio Natural; en Cantabria nunca se han dado permisos específicos para la caza deportiva del lobo. Esos controles no tenían como objetivo acabar con los daños, pero sí conseguían limitar su importancia en las zonas de presencia estable de la especie y evitarlos en las zonas de presencia esporádica con escasa capacidad de acogida para el lobo. El Plan incluye medidas de compensación y apoyo a la ganadería que también se pusieron en marcha desde 2019.

Conviene este recordatorio porque, diez años después, en el debate público parece que nada hubiera cambiado, a pesar de que la realidad es bien distinta. Hay más lobos que hace diez años, más daños y el conflicto social sigue siendo el principal factor condicionante de la gestión del lobo en Cantabria, en España y en Europa.

Quiero dejar una cosa clara antes de proseguir: el responsable del conflicto exacerbado que sufrimos desde hace cuatro años es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La inclusión de todas las poblaciones de lobo de España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) mediante la Orden ministerial del 20 de septiembre de 2021, se hizo contra el criterio y los mejores datos disponibles que teníamos, y tenemos, las comunidades que gestionamos más del 95% de los lobos de nuestro país.

La Orden se fundamenta, como indica su exposición de motivos, en la petición de una asociación que exigía, primero, que el lobo se catalogase como especie amenazada y, como segunda opción, que se incluyese en el LESPRE. El Comité Científico, en su dictamen no vinculante, concluyó que no había ningún dato que avalase que el lobo fuese una especie amenazada, pero recomendó incluir todas las poblaciones en el LESPRE, no porque la especie estuviera en peligro, sino por «su importancia como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas». Pero en ese mismo dictamen el Comité alertaba de que esos criterios eran muy subjetivos y estaban poco formalizados.

La sesión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del 4 de febrero de 2021, en la que se aprobó la inclusión del lobo en el LESPRE con la oposición de las comunidades que conservábamos a los lobos, es un triste ejemplo de cómo romper consensos y forzar decisiones políticas con argumentos no científicos.

De aquellos polvos vienen estos lodos. No se me ocurre una mejor forma de definir lo ocurrido entre el 21 de septiembre de 2021, cuando el BOE publicó la Orden, y el 20 de marzo de 2025, fecha en la que el Congreso ha aprobado la Ley que revierte el estatus legal del lobo al norte del Duero a la situación de hace 42 meses.

En este período, el lobo en Cantabria ha incrementado aún más su población (de 20 a 23 grupos), su área de presencia (de 3.868 km2 a 4.192 km2) y su impacto en la ganadería (1.040 ataques con 1.594 animales muertos en 2021; 2.681 ataques con 3.223 animales muertos en 2024). Cifras de población que ya eran en 2021 superiores a las del anterior censo nacional (12 manadas en 2014).

El Gobierno de Cantabria ha asumido siempre los costes de la gestión del lobo sin esperar fondos del Ministerio; el Plan de 2019 implicó un incremento muy substancial al compensarse los daños en toda la región, prever ayudas para medidas preventivas y aprobar un nuevo pago por servicios ambientales. Las actuaciones del Gobierno de Cantabria no dependían, ni dependen, de las aportaciones que hace desde 2021 el Ministerio que, por cierto, no abonó ninguna cantidad a las Comunidades en 2023.

Cantabria fue la única Comunidad que aprobó controles de lobo a partir de septiembre de 2021, comprobando que las condiciones establecidas en la Orden ministerial eran de imposible cumplimiento: el Ministerio no respondió a nueve de las diez solicitudes de informe que se hicieron desde Cantabria entre abril de 2022 y mayo de 2023, y en la única vez que lo hizo, dos meses después de solicitarlo, negaba su informe favorable al control de un lobo hasta que se tuvieran determinados datos sobre la especie en España. Es decir, el Ministerio se escudaba en falta de datos, pero adoptó decisiones sin contar con ellos y despreciando los que le ofrecíamos las comunidades que gestionábamos los lobos.

Consecuencia de la inseguridad jurídica generada por el Ministerio, y de las actuaciones de la asociación que inició todo el proceso, fueron la anulación por los tribunales de los controles previstos en 2022 y que los entonces máximos responsables de la Consejería de Desarrollo Rural (Consejero, Director General y Subdirector) fueran denunciados en 2022 y 2023 por esa asociación por presunta prevaricación y falsedad documental, querellas archivadas por la Fiscalía primero, y por un Juzgado y la Audiencia Provincial después.

La decisión del Senado y el Congreso del devolver al lobo a la situación legal anterior a la Orden del Ministerio permite reiniciar la gestión integral del lobo cuatro años después, gestión en la que los controles son una herramienta más, pero de la que no se puede prescindir. Y la inclusión del lobo en el LESPRE hacía inviable los controles, como la experiencia de Cantabria demuestra.

Es una decisión política tomada por los máximos representantes de los ciudadanos, Congreso y Senado, como política fue la decisión del Ministerio. Pero en el escenario de conflicto al que nos ha llevado el Ministerio, y que es el peor de los posibles para el lobo, la forma en la que se ha revertido la situación mucho me temo que no ayuda a reducir la polarización porque podría entenderse que se ha buscado la fórmula, legítima por supuesto, de una Ley que no tiene que ver con la gestión del lobo por la falta de argumentos técnicos y científicos para hacerlo de otra forma. Y eso no es cierto, ni muchísimo menos: los había en 2021 y los hay en 2025, como se ha expuesto ante el Ministerio, la Audiencia Nacional y la Comisión Europea por parte, principalmente, de los gobiernos de Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria.