Defensor del Pueblo Cántabro

Que tener Defensor del Pueblo autonómico cueste dinero no es motivo para no instituirlo. Quien con tanto y tan enrevesado trámite administrativo tiene por estos pagos (que no cobros) un fundado motivo de queja contra la Administración nacional, autonómica o municipal, no dispone en Cantabria de una Defensoría con despacho abierto y profesional que le atiendan y oriente en el planteamiento de cuantos problemas legales le quitan el sueño, merman sus libertades fundamentales y dañan su salud, paciencia, familia y hacienda.

Actualmente existen unas diez defensorías autonómicas: Galicia, Cataluña, País Vasco, Navarra, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Valencia. Los censados en estas pueden dirigirse al Defensor del Pueblo autonómico, invocando razonada y razonablemente el interés legítimo en que fundamenta su queja.

Profesionalidad aparte, obvio es que no puede tener el mismo conocimiento de la fiebre hemorrágica que afecta a las vacas en Cantabria un jurista residenciado en la Villa y Corte que mira a la Cibeles que un jurista que lo conoce a fondo porque cotidianamente se patea la región y no hace ascos al olor a cuadra. Al Defensor del Pueblo nacional siempre habrá que explicarle por qué por aquí se afirma que «el invierno no se lo come el lobo», y los problemas que causan a la navegación las galernas, y si los espolones de La Magdalena están o no justificados. Por contra, al Defensor del Pueblo Cántabro no habrá que explicarle la diferencia existente entre las rabas de magano y las de peludín y por qué aquí entre las castañas de la Magosta hay que dejar una para la bruja embusterona.