Incertidumbres sobre una investidura

Ahora el movimiento independentista experimenta sus horas más bajas desde el punto de vista electoral y de capacidad de convocatoria. Sin embargo, sigue contando con el apoyo de importantes sectores de la ciudadanía y no desaparecerá de la vida pública. Además, la continuidad de la presidencia de Pedro Sánchez depende del apoyo de ERC, pero también de los siete diputados de Junts.

Pasqual Maragall, primer presidente socialista de Cataluña tras 23 años de gobiernos convergentes de Jordi Pujol, accedió al cargo en diciembre de 2003 mediante un tripartito con ERC e ICV con el objetivo estratégico de la malhadada reforma del Estatuto. Ahora, con el concierto económico sobre la mesa, no puede descartarse que entren en un Gobierno tripartito con el PSC primero los Comunes (herederos de ICV) y más tarde ERC, que ha de encarar en noviembre un congreso decisivo. Un acuerdo que podría reproducirse en el Ayuntamiento de Barcelona, cuya gobernabilidad está pendiente desde hace más de un año.

La tocata y fuga de Puigdemont, digna de uno de los 'Episodios Nacionales' de Galdós, se entiende en el contexto de los avatares de la aplicación de la ley de amnistía, negociada por Santos Cerdán hasta la última coma con Junts precisamente para que pudiera serle aplicada. Este fue el precio del sí a la investidura de Sánchez, como ahora el concierto lo es para la de Salvador Illa. Si no fuese por la negativa del Supremo y otras instancias judiciales a aplicarle la amnistía, Puigdemont habría podido volver libremente a Cataluña, como ha ocurrido con la máxima dirigente de ERC Marta Rovira. Su fugaz aparición en Barcelona manifiesta que, mientras no se resuelva su caso, no podrá darse carpetazo al ciclo 'procesista'. Tampoco, mientras esto no ocurra, Junts podrá emprender una readaptación al nuevo tiempo político. Junts es un conglomerado de fuerzas de diversa procedencia, de matriz convergente, solo cohesionado por la figura de Puigdemont.

En otro orden de cosas, el caso Puigdemont plantea un conflicto institucional de gran envergadura entre el poder legislativo y el poder judicial a propósito de la ley de amnistía que deberá ser resuelto por el Constitucional.

El Gobierno tiene pendiente una enorme tarea de pedagogía política. Las medidas de gracia han contribuido a aflojar la gran tensión en la sociedad catalana durante el 'procés'. Un clima de distensión que, unido a la lucha fraticida que mantienen ERC y Junts por la hegemonía del movimiento independentista, ha propiciado el fin de las mayorías secesionistas en el Parlament y la investidura de Illa como culminación y premio de esta estrategia política.

La cuestión de la «financiación singular», en la medida que puede afectar a los bolsillos de los sufridos contribuyentes, requiere un máximo esfuerzo explicativo. El asunto ha abierto la caja de Pandora de agravios comparativos con el resto de comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, pero también en amplios sectores del PSOE. Los socialistas no se han presentado ante el electorado –más allá de declaraciones teóricas como las de Granada o Barcelona– con un programa articulado de reformas sobre la cuestión territorial de carácter federal o federalizante. Se transmite el mensaje de que son concesiones a los independentistas catalanes, otorgándoles todo lo que antes se decía imposible, con el único objetivo de mantenerse a cualquier precio en el poder. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa cuál es su modelo de Estado y el encaje de Cataluña en este.

Sobre la estabilidad de los gobiernos socialistas en Madrid y Barcelona planean dos grandes incertidumbres. La primera, derivada de la efectiva aplicación de la ley de amnistía y singularmente a Puigdemont. La segunda dependerá de la viabilidad de las reformas legislativas para materializar el concierto económico.