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Conocer nuestra Historia puede ayudar a no tropezar dos veces en la misma piedra. En el contexto actual puede resultar de interés recordar algunos hechos sucedidos en la II República que ocasionaron la guerra civil. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 ... no hubo resultados definitivos. Los partidos monárquicos obtuvieron 40.324 concejales y la conjunción republicano-socialista 36.282. Esta última ganó en las grandes ciudades y presionó a Alfonso XIII para que entregara poder. El rey optó por abandonar el trono y salir de España para no alentar una confrontación civil. El 14 de abril Alcalá-Zamora y sus seguidores proclamaron la República.
El nuevo régimen sobrevivió a la quema de conventos de 1931, a las tres insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933, a la débil intentona militar de 1932 e incluso a la gran insurrección de los socialistas del año 1934, punto de inflexión cuyo gran objetivo era implantar el socialismo revolucionario.
Los redactores de la Constitución de 1931 impusieron sus valores republicano-socialistas, pero no los respetaron cuando perdieron las elecciones de noviembre de 1933 ya que exigieron la anulación de los resultados. La República era patrimonio de la izquierda y los resultados solo valían si ganaban ellos. La ley electoral debía garantizarles esa componenda. Y cuando no sucedió así, se impugnaron los resultados, y se llevó a cabo una política de exclusión de los partidos de derechas con la connivencia del presidente de la República. Alcalá-Zamora obstaculizó en 1934 y 1935 las actividades del Gobierno de centro derecha y puso la primera piedra de la guerra civil al vetar en diciembre de 1935 la entrada en el Gobierno del partido Radical de tres ministros de la CEDA, pese a que tenían suficiente mayoría parlamentaria, disolviendo arbitrariamente el Parlamento cuando aún le quedaban dos años de vida en los que podían haber rectificado los puntos más sectarios de la Constitución.
Lo que había comenzado en 1931 había sido un régimen democrático, poco democrático. Y a la sombra de él se fue gestando un proceso revolucionario cada vez más violento.
En el trabajo publicado en 2017 por Álvarez Tardío y Villa García, «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular», se analiza al detalle todo el proceso electoral de las elecciones de 1936. El 16 de febrero comenzaron los comicios, que se prolongaron hasta mayo, en medio de manipulaciones y actuaciones delictivas. En los días siguientes a la votación se produjeron manifestaciones y asaltos a los centros conservadores y las iglesias. Durante los días 18 al 20 de febrero se ocuparon los gobiernos locales de ocho provincias para falsificar el escrutinio final, transformando el empate técnico real en una victoria del Frente Popular que se apropió ilegalmente de unos cuarenta escaños. La campaña electoral de febrero de 1936 fue la más violenta de la Historia de España con más de 40 muertos. La violencia de las izquierdas continuó en la segunda vuelta del 1 de marzo de 1936, lo que provocó la retirada de los partidos de derechas. La última fase del fraude comenzó con la reunión de la Comisión de Actas que anuló 25 escaños de las derechas para dárselos al Frente Popular. Ni que decir tiene que los numerosos desórdenes de todo tipo sucedidos después de esas elecciones no tienen precedentes en ningún país de Europa con régimen parlamentario.
Las escasas convicciones democráticas de los partidos republicanos facilitaron el avance de los partidos obreros. Las condiciones pre-revolucionarias que se habían ido fraguando en los primeros años republicanos permitían dar paso a la revolución directa tal como había diseccionado Trotski en su «Historia de la revolución rusa», cuando subrayó que los revolucionarios debían iniciar la revolución bajo el disfraz de contestar a una agresión de los contra-revolucionarios. Ese fue el proceso que se vivió en España en la primera mitad de 1936 y que acabó llevando a un callejón sin salida. Largo Caballero proclamaba y alentaba abiertamente una revolución sangrienta. La violencia física y el menosprecio por las instituciones culminaron con el asesinato de un diputado, Calvo Sotelo, por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, sin que hubiese respuesta por parte de las autoridades. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Casares Quiroga, no buscaba la reconciliación ni estaba dispuesto a hacer lo posible para evitar la sublevación, sino que deseaba que se produjera porque estaba seguro de poder aplastarla. Y en esa dirección fue la entrega de armas a la población civil.
La república que había comenzado levantando muros entre los españoles con su constitución y los había reforzado con añagazas políticas de escasa altura moral, acabó como ella misma se había diseñado, llevando al extremo la confrontación entre españoles. Esperemos que no se repita la historia.
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