El cuento, y la injusticia, de nunca acabar

Si se dice que la vida es lo que pasa a tu alrededor mientras tú haces planes, en el caso de algunas de estas familias la vida ya no es nada, ya ha terminado, sin que hayan visto su problema solucionado porque Gobierno regional, ayuntamientos, jueces y demandantes siguen mirando para otro lado.

Un nuevo Gobierno a Cantabria ha llegado y, lo mismo que los anteriores, ha prometido que las soluciones a este colectivo en esta legislatura les serán dadas, pero de buenas intenciones que no se cumplen dice el refrán que el infierno está empedrado.

Es cierto, que la nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido a dar esas soluciones a los pocos días de tomar posesión del cargo, y que conoce el problema desde su génesis. Ella, siendo portavoz del Partido Popular, hace décadas, realizó hermosos discursos que a más de uno de los afectados hizo rodar las lágrimas por sus mejillas. Pocas personas habían descrito, de una manera más clara, la situación de injusticia que viven estas familias que la propia presidenta de Cantabria en el Parlamento.

El tiempo corre y los condenados en más de treinta sentencias firmes, esto es, las Administraciones Públicas, en lugar de reparar el daño causado, se han limitado a marear la perdiz y a los afectados con resoluciones que no se cumplen, con planes generales de ordenación urbana que en algunos casos llevan tantos años tramitándose, que se pierden en nuestra memoria cuándo se iniciaron, la mayoría en el siglo pasado, y en otros casos, como en el municipio de Escalante, parece que han desistido incluso de aprobar planeamiento alguno.

Ver para creer, que decía Santo Tomás, aquí no se puede creer que cerca del 80% de las viviendas se encuentran en un suelo urbano consolidado, por sentencias firmes del propio Tribunal Supremo y que todos, absolutamente todos, Gobierno, Ayuntamiento, justicia y demandantes saben que si se derriba se va a volver a construir, e incluso, más edificaciones y viviendas de las que existen actualmente. ¿Qué sentido tiene dilapidar así el dinero público?

No se puede entender que ninguna institución haya dado con las soluciones, que todavía hoy se tenga secuestrado el patrimonio de las familias afectadas, condenadas a perpetuidad aún sin haber cometido delito ni irregularidad alguna. Es para llorar.

Es verdad que no todo sigue igual, que se han dado algunos pequeños pasos, pero no se puede olvidar que estas administraciones, tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos de los municipios afectados, han sido condenadas por daños morales ocasionados a cientos de familias y que siguen sin reparar el daño real causado.

En estos años muchos amigos se nos han ido, muchas familias han pasado situaciones de angustia, zozobra y miedo. Miedo a perder su bien más preciado, miedo a que les derriben sus viviendas, miedo a que les destrocen sus ilusiones, miedo a no poder utilizar su patrimonio para poder hacer frente a una urgencia –una enfermedad, una situación de necesidad…– y después de tanto tiempo este colectivo ya de personas muy mayores, con una media superior a los 70 años, llevan, en muchos, casos tres décadas pidiendo que les den lo que les pertenece, que reparen el daño causado.

Otra legislatura empieza y otra vez se oyen los cantos de sirena, pero esto parece el cuento de nunca acabar. Esperemos que alguna vez alguien le ponga fin, ya que los miembros de las familias maltratadas, muchos, ya moran bajo tierra y otros camino de ellos vamos.

Dejar abierta, de par en par la puerta de tan gran injusticia es enseñar la entrada a otras que se puedan cometer en las que el culpable nunca paga y los inocentes terminan por perecer ahogados en el charco de la injusticia. Otra vez no, que no nos cuenten «el cuento de…».