Hoy no es igual que ayer

«A nadie se le escapa que este juez tiene la tarea de ejecutar, esto es, alterar la realidad física y material, 25 años después de dictada la sentencia. Es decir, ha transcurrido un cuarto de siglo desde esa realidad física y jurídica. La necesidad de ponderar dos importantes valores del ordenamiento constitucional: la justicia y la seguridad jurídica. Debemos evitar soluciones simplistas y maximalistas porque, incluso desde la perspectiva de la justicia, tan injusto puede ser dejar de ejecutar una sentencia, privando a quien ha obtenido la declaración de su derecho en los tribunales de materializarlo, como intentar aplicar una solución jurídica 25 años después, sin ninguna otra consideración o razonamiento».

El magistrado nos coloca en el contexto actual y nos invita a reflexionar sobre cómo es la realidad hoy en día. Al comparar una foto aérea de Santander de hace 25 años con la actual, los cambios son claros, destacando la construcción del Centro Botín, que ahora ocupa una parte de la bahía, algo que ni existía.

¿Cómo es posible que se plantee el derribo de viviendas argumentando que, desde la carretera comarcal, casas de menos de 4 metros de altura obstruían la visibilidad del monte? Actualmente, delante de esas casas se han construido dos urbanizaciones, una bolera, un centro deportivo, y lo que ya no se ve son precisamente estas viviendas que, según el perito judicial, obstruían las vistas al monte.

¿Cómo se puede proponer el derribo de viviendas que ahora forman parte del tejido, de la malla urbanística en el centro del pueblo? El colmo llega cuando las propias sentencias reconocen que el suelo es urbano. Incluso planes generales posteriores, avalados por el Tribunal Supremo, reconocen esos terrenos como urbanos. Aun así, seguimos, casi treinta años después, sin regularizar ni resolver la situación, sabiendo que si se derriba, se volverá a construir en el mismo lugar, con reiteradas suspensiones temporales, alargando un sufrimiento tremendamente injusto e innecesario a cientos de familias.

¿Qué bien jurídico o social estamos protegiendo en estos casos? ¿Por qué ese afán de dilapidar dinero público como si no hubiera suficientes necesidades sociales que atender? ¿A quién beneficia esta situación? ¿Qué se pretende con este daño continuado a cientos de familias?

Es indiscutible que proteger el medio ambiente es un deber social y jurídico. Sin embargo, resulta incomprensible que se haya anulado el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por su grave desprotección de tan importante humedal; a pesar de ello, lleva más de seis años en vigor, sin corregir sus deficiencias. Es como si, al declarar ilegal el PORN, se supusiera que la fauna y flora de la zona están protegidas, como si las aves pudieran leer las sentencias. Todo un despropósito.

Se pide a los jueces y magistrados que nos digan si es blanco o negro, si hay que derribar o regularizar, pero que no condenen a cientos de familias a vivir permanentemente en los grises, esperando resoluciones judiciales, en la incertidumbre y en el miedo, como ustedes mismos describieron en sus sentencias sobre los daños morales hace cerca de 20 años.

Esos daños morales, y este costo para la sociedad, que con el tiempo se ha incrementado exponencialmente, son una injusticia que para cientos de familias les sigue produciendo tanto daño. Hoy no es igual que ayer; hoy la situación es mucho más dolorosa.