Okupación y necesidad

A pesar de realizar numerosas gestiones, los okupas se habían instalado y no había forma legal de desalojarlos. Su familia, asesorada por el abogado que les lleva un asunto pendiente relacionado con una sentencia de demolición que condena al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria (un tema que, después de 20 años, sigue sin resolverse), les aconsejó buscar otra vivienda para pasar unos días mientras intentaban solucionar legalmente la situación.

Tuvieron que mudarse a casa de los padres de Ana, donde permanecieron cerca de año y medio, mientras seguían pagando el agua, la luz y los impuestos de su casa, de la que disfrutaban los okupas. El tiempo pasaba y la desesperación era máxima; Ana necesitó tratamiento psicológico. En la misma urbanización, otras viviendas fueron ocupadas posteriormente y la convivencia se volvió una locura. Los robos aumentaron exponencialmente y coches de alta gama corrían por las calles de la zona. Llegaban personas en busca de sustancias estupefacientes y la inseguridad era tan grande que las familias no dejaban salir a sus hijos a la calle por miedo a que les pudiera pasar algo.

Algunos vecinos buscaban alternativas para mudarse a otra parte pero, con esta situación, vender sus casas era casi una quimera. ¿Quién va a pagar por vivir casi en un infierno? El miedo y la zozobra se apoderaron de la zona, mientras las autoridades decían que no podían hacer nada, ya que la legislación protege a los okupas hasta límites difíciles de comprender.

Situaciones como la descrita se están dando cada vez más. Es una auténtica locura la indefensión de muchas familias que ven cómo su casa, sus enseres y su vida quedan completamente condicionados por la okupación de sus viviendas.

No se puede mirar hacia otro lado ante tantos delitos flagrantes, ante tantas familias que ven cómo sus casas son ocupadas, ante el miedo de la población en barrios que viven con el terror en el cuerpo. Mientras tanto, nuestra legislación, partiendo de la buena fe del infractor y de principios fundamentales como el respeto por la presunción de inocencia, llega al ridículo de proteger tanto al delincuente que deja totalmente desamparadas a las familias inocentes.

Es necesario dar soluciones al grave problema del acceso a una vivienda digna, como establece nuestra Constitución en su artículo 47, donde se estipula que «todos los españoles tendrán derecho a disfrutar de una vivienda digna, siendo los poderes públicos los encargados de promover las acciones necesarias para hacerlo efectivo». Los poderes públicos son quienes deben proporcionar viviendas sociales y cubrir las necesidades esenciales de la población; lo que no puede permitirse es la indefensión de tantas familias ni la desprotección social de quienes no tienen esa vivienda digna.

Hay que resolver legislativamente el grave problema que ocasionan las mafias de la okupación, verdaderas organizaciones que operan a sus anchas, alquilando incluso las casas que antes han ocupado, constituyendo un entramado que llega a dominar barrios enteros.

Mientras en Europa este tema está resuelto desde el punto de vista administrativo y judicial, con una legislación clara que protege la propiedad de las familias, en nuestro país seguimos sometiendo a miles de familias a un infierno.

En países como Suecia, Dinamarca, Alemania, Holanda e Italia, la simple denuncia de los hechos ante la policía, acompañada del título acreditativo de propiedad, permite proceder al desalojo en un plazo de entre 24 y 48 horas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene el derecho a la propiedad privada frente a la okupación, basándose en el artículo 1 del Protocolo 1º del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nuestro país está vinculado por dicho convenio y, sin embargo, nuestra legislación no cumple con esta protección en tiempo y forma.

¿Acaso en nuestro país creemos que protegemos mejor los derechos de los ciudadanos o somos más democráticos que estos países por ser tan garantistas que distorsionamos el derecho hasta límites incomprensibles para la razón? El complejo de algunos legisladores a la hora de abordar la cuestión de los okupas causa tanto daño que roza la inmoralidad.

No puede tener más derechos quien viola la ley que quien la respeta, quien ocupa una vivienda con un ticket de una pizza que quien tiene las escrituras legales de la vivienda. Cuando se deja de confiar en la justicia y se buscan soluciones de dudosa legalidad, como las empresas de seguridad y desocupación, estas hacen su agosto.

Son muchas las personas que se ven obligadas a recurrir a acuerdos extrajudiciales o a pagar verdaderas extorsiones; de lo contrario, con la lentitud de la justicia, pasan los años con pérdidas económicas y daños psicológicos, convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Esto no es una cuestión de derecha o izquierda, sino una cuestión de justicia social, de dar a cada uno lo que en justicia le pertenece.