Apaga y vámonos

La consecuencia ha sido que, después de un año y medio, millones de españoles han sido no solo aislados parcialmente del avance del virus, sino que ha supuesto la clausura de toda la actividad económica del país y ha motivado la ruina de muchas empresas, pérdidas de trabajo y miles de multas que hoy se consideran ilegales. Y ahora, tras los daños producidos por la pandemia, tanto a nivel humano como económico, avanzamos de asombro en asombro, de irritación en irritación, ante el continuado reguero de irregularidades, contemplando cómo este país se deshace no solo territorialmente, sino que se pierde el crédito de sus instituciones. Todo por los sesudos y perezosos debates internos de un tribunal que una vez más ve sus decisiones cuestionadas o sujetas a presiones políticas.

Imaginemos el caso de un enfermo que acude a un médico ante la aparición de síntomas extremadamente graves y el galeno, en lugar de realizar un diagnóstico e iniciar un tratamiento con la urgencia necesaria, consultase con sus colegas el carácter más o menos grave del proceso y después de un año y medio le dijese al paciente que, efectivamente, estaba gravísimo y ahora incluso peor. O que la enfermedad requería de un tratamiento completamente distinto al aplicado inicialmente. Sería no solo inconcebible e injustificable, sino que además, las consecuencias del retraso en el diagnóstico condujeron al empeoramiento del paciente.

Esto no reza en el caso de la Justicia del alto tribunal. No se requerían nuevas requisitorias, plazos, peritaciones, ni tramitación de expedientes. No precisaba de información añadida, ni había otro nivel de consulta o apelación. Lo que dijesen habría sido aceptado en un estado democrático. Pero no fue así. Uno tras otro, transcurrieron más de 14 meses sin que tuvieran que dedicar su tiempo a ninguna otra decisión de mayor urgencia. Y, al final, decidieron lo que probablemente podrían haber hecho en cuestión de días o semanas como mucho. Mientras tanto, se cerraba empresas, el país se paralizaba, se actuaba por decreto, se procedía a continuos nombramientos y la legalidad de todo permanecía en el limbo jurídico de sus señorías, sopesando la trascendencia de su decisión para finalmente pronunciarse en apretada votación, como si los hechos pudiesen cambiar con el devenir de los acontecimientos. O para acabar echándose unos a otros las culpas exigiéndose puntualizaciones y rectificaciones que asombran a cualquier persona sensata.

Eso sí, durante todo este tiempo hemos contemplado un continuo debate sobre cómo renovar el Consejo General del Poder Judicial con varios avisos desde la Comisión Europea por la forma en que se procede a los nombramientos, nos hemos topado con la burla hacia sentencias realizadas por el Tribunal Supremo tras las burlas de los separatistas sobre las condenas, inútiles al ser anuladas por decisiones políticas y seguimos debatiendo sobre la necesidad de cambiar a los miembros de los tribunales, cada vez que se pronuncian sobre una decisión, acusándoles de sesgo político o cuestionando su capacidad jurídica, en lugar de acatar sus pronunciamientos.

Si ese es el crédito que desde ahora va a atesorar el Tribunal Constitucional, tras su inaceptable retraso en definirse al que se añaden las críticas a sus decisiones y la descalificación de sus integrantes, apaga y vámonos.