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«Lo conseguimos», me dijo la semana pasada una vecina de Cazoña mientras señalaba el bajo en alquiler en el que estaba prevista la apertura de un local de apuestas a escasos metros de tres centros educativos y de una unidad de salud mental infantojuvenil.
Su gesto era de satisfacción, y su orgullo, para mí al menos, completamente comprensible. La movilización de los vecinos, las concentraciones, la recogida de más de 2.000 firmas y las alegaciones presentadas al Ayuntamiento, tanto de los centros educativos como de profesionales sanitarios, habían llevado a que aquello que parecía inevitable desde un punto de vista legal y administrativo se paralizara.
Si bien hay genes relacionados con la ludopatía, existen otros muchos factores ambientales implicados en el juego patológico, entre los que se encuentran la ubicación y la facilidad de acceso a los locales de juego. En este sentido, en una de las múltiples concentraciones, los vecinos planteaban su preocupación porque lo que había sido un supermercado al que los chavales acudían por la tarde a comprar la merienda, siguiera atrayéndolos con consumiciones baratas y apuestas de regalo, normalizando el juego en el barrio en un grupo de población especialmente vulnerable.
La adolescencia es una fase del desarrollo en la que se participa más en conductas de riesgo y en la que existe mayor peligro de caer en adicciones, y la apertura del local era reconocida como una amenaza por el profesorado, por los padres y por los adolescentes, que en todo momento se implicaron en las movilizaciones y mostraron su opinión crítica sobre lo que no querían en su entorno.
En el contexto actual es especialmente importante reflexionar acerca del efecto de la pandemia sobre el juego patológico. Los factores estresantes a los que se encuentran expuestas las personas debido al covid-19 están generando graves perjuicios sobre la salud mental, y específicamente sobre los comportamientos adictivos. Algunos estudios recientes han descrito que las complejas circunstancias a las que se enfrenta la población (perdida de familiares, miedo a la enfermedad y cambios laborales, junto al mayor aislamiento social) han generado un incremento en el consumo de juegos de azar y apuestas. Cabe destacar que, en nuestro país, durante el primer cuatrimestre de 2020, este consumo creció casi en un 60%, y de forma muy marcada entre los jóvenes.
Ahora hay que actuar. Y hay que hacerlo rápido, porque tenemos un problema como sociedad que debemos abordar desde todas las administraciones. Durante el último lustro el consumo de juego no ha dejado de crecer en nuestro país, y los jóvenes han normalizado hacer apuestas deportivas mientras ven un partido de fútbol (tanto en locales como online): apostar se ha convertido en un tipo de ocio para compartir con amigos o incluso en el entorno familiar. Por otra parte, la publicidad del juego se ha venido colando en los hogares a través de la televisión, en cualquier programa y en todas las franjas horarias.
El juego se ha presentado en la vida de las personas como inofensivo y sin embargo se le atribuye una carga de enfermedad de magnitud similar a la del trastorno depresivo mayor o a los trastornos por consumo de alcohol. España tiene la mayor tasa de ludopatía en jóvenes de la Unión Europea, y aunque el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de la Actividad del Juego se prevé que supondrá un paso importante, el trabajo conjunto para la prevención y detección de este grave problema debe ser una prioridad desde todos los niveles administrativos.
A nivel local, la moción presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad en el pleno del 27 de febrero en el Ayuntamiento de Santander -en la que se acordaba la paralización de las licencias de apertura de locales de juego y apuestas a menos de 500 metros de centros escolares- fue un primer paso necesario en respuesta a la demanda vecinal, que debe preceder a otros dentro de las competencias municipales, como el desarrollo de campañas de sensibilización y prevención adaptadas a los colectivos de mayor riesgo o el análisis de la modificación del PGOU para poner límites más severos a estas aperturas, buscando que nuestras normas municipales nos protejan de una actividad que es claramente nociva para la salud.
Hay epidemias que tenemos muy presentes, como la del covid-19, y hay otras invisibles que causan grandes daños a las personas, destrozan vidas y familias y combatirlas debe ser una prioridad para toda la sociedad.
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