Apuesta arriesgada

Es natural que la iniciativa satisfaga a los secesionistas. Cuando sea aprobada, rebajará de forma sustancial las penas por las que fueron condenados los líderes del 'procès' y a las que pueden enfrentarse los fugados de la Justicia por esa causa. Pero sus efectos van mucho más allá, ya que elimina el delito de sedición -cuya confusa tipificación justificaba actualizarlo- sin crear otro equivalente para acciones que intenten violentar el orden constitucional, como las desarrolladas en Cataluña en torno al referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. De forma que, de prosperar la proposición de ley, que ha abierto grietas en el PSOE, el Estado tendría menos herramientas para defenderse de hipotéticos ataques futuros a su integridad territorial. Porque eso, y no unos desórdenes públicos graves, fue lo que juzgó el Supremo. Aunque no se llamen sedición, las penas previstas para tales actuaciones en los principales países europeos son muy superiores a las vigentes en España, como aclaró en su sentencia el Alto Tribunal, lo que cuestiona la coartada de la homologación con la UE esgrimida por el Gobierno.

La reforma del Código Penal precisa de mayoría absoluta, que Sánchez se garantiza con el respaldo de ERC. El presidente encarrila así la aprobación de los Presupuestos y el final de la legislatura, consolida su relación con los republicanos y posiblemente ayuda a destensar el clima político en Cataluña. Pero se trata de una apuesta de alto riesgo que habrá de explicar con sólidos argumentos y cuya rentabilidad en las urnas contrastará en el año electoral que se avecina.