Un apunte histórico

El Gobierno regional de entonces consistía en una coalición entre el Partido Popular y el Partido Regionalista, iniciada en 1995 y renovada en 1999, bajo la presidencia de José Joaquín Martínez Sieso (PP). En aquel gabinete de finales de 2001, todas las consejerías relevantes para el traspaso sanitario eran responsabilidad de los populares: Jaime del Barrio dirigía Sanidad; Juan José Fernández, Economía y Hacienda; Jesús Bermejo, Presidencia. A su vez, el Gobierno español era un Ejecutivo del PP de mayoría absoluta, con José María Aznar como presidente, Celia Villalobos como ministra de Sanidad y Cristóbal Montoro en Hacienda.

El trágico accidente del 2 de noviembre de 1999 en Valdecilla había mostrado la imperiosa necesidad de acelerar el diseño y ejecución del Plan Director de Obras del que se venía hablando. Aparte de la modernización del edificio de Traumatología después del gravísimo suceso, se precisaba una remodelación integral de todo el complejo sanitario. Además, el hospital se le había caído al Insalud, es decir, había una obligación moral del Estado en su conjunto. Junto a este argumento político para reclamar fondos nacionales, había un argumento económico: una mala transferencia sanitaria, que no previese la financiación íntegra del nuevo Valdecilla, arruinaría las finanzas de la propia comunidad, no sólo de su sanidad. El presidente no estaba dispuesto a meter a los cántabros en semejante lío.

Su intención política topaba con dos dificultades de negociación. La primera, que había que hacer efectiva esta reivindicación mientras el Insalud negociaba con muchas otras comunidades autónomas, que tenían también sus reclamaciones. Era de prever el miedo del Gobierno central a una espiral de agravios comparativos si cedía en lo de Valdecilla. La decisión del presidente cántabro fue esperar a que todos hubiesen firmado ya sus acuerdos de transferencias y fueran irreversibles. En resumen: quedarse 'de postre' en la negociación.

Además, segunda dificultad, todo esto había que gestionarlo ante un Gobierno del propio partido, que podía presionar cordialmente sobre el calendario de negociación. Para evitar esto se articularon diversas estrategias. Una fue presentar razonamientos detallados que prolongasen legítimamente la negociación técnica (pues no solo se transfería Valdecilla, sino el conjunto de lo que hoy es el Servicio Cántabro de Salud). Otra, activar el apoyo de líderes cercanos al propio Martínez Sieso, como el secretario general del partido, Javier Arenas.

Toda esta estrategia funcionó. Tras meses de conversaciones, el día 26 de diciembre de 2001, el presidente y los consejeros implicados volaron a Madrid y establecieron su cuartel general en un hotel de la Plaza de Colón, frente al Palacio de Villamejor, en Castellana 3, sede del Ministerio de Administraciones Públicas donde habrían de firmarse las transferencias (allí estuvo la Presidencia del Gobierno hasta que en 1976 se trasladó a la Moncloa). Esa tarde Martínez Sieso recibió por fin un mensajero con el compromiso escrito del ministro Montoro de financiar íntegramente el Plan Director de Valdecilla. Sólo entonces entró el presidente en el palacio ministerial para aceptar oficialmente las nuevas competencias.

El documento firmado por Montoro y Martínez Sieso acordaba destinar 64,7 millones de euros a la Fase I (2002-2005); a la Fase II (2003-2005) se dedicarían 57,5 millones; y la Fase III (2004-2007), aunque todavía pendiente de alguna definición, se estimaba en 87,5 millones de euros. En total, el Gobierno de España se avenía a financiar mediante convenio unos 210 millones de euros para obras y equipamientos. Sobre todo, importaba la cláusula en que Montoro aceptaba que era una «estimación aproximada, sin perjuicio de ulterior concreción». Es decir, el Estado asumió una posible diferencia entre costes estimados y costes finales.

El convenio formal que después suscribirían en 2002 ambas administraciones expiró en 2007, ya con dos gobiernos muy distintos en Santander (coalición PSOE-PRC) y Madrid (PSOE). España había puesto los fondos previstos. Pero la obra estaba sin terminar y le faltaba muchísimo. Es un misterio histórico por qué se dejó morir ese convenio sin negociar su continuidad hasta el final de las obras. Era una buena época: el Estado tuvo ese año un superávit de más de 20.000 millones de euros. Pero no se aprovechó. Durante años Cantabria tendría que asumir en solitario lo que quedaba del Plan Director, y eso fue tensionando sus cuentas y demorando interminablemente las obras. Cuando llegó la recesión económica, seguir se volvió imposible.

Como es sabido, la solución articulada a partir de 2013 (ahora con gobiernos populares en Santander y Madrid) fue doble: por un lado, una colaboración público-privada para que la parte privada adelantase la inversión; y, por otro lado, reclamar al Gobierno de España la financiación del sobrecoste estimado del Plan. Desde entonces los gobiernos de Rajoy presupuestaron, y han sido ingresados por Cantabria en cuatro ejercicios, 79 millones (1+28+28+22). Falta otra veintena de millones para satisfacer lo que en principio se debía a Cantabria.

En suma, las obras duraron 13 años, no seis; y costaron unos 300 millones y no unos 200. (Si deducimos la inflación, 300 millones de 2015 serían como 222 millones de 2002, es decir, no parece tan exagerada la desviación). No obstante, se ha sostenido que hay otros 100 millones más aún de sobrecostes. Valdecilla habría costado entonces el doble de lo inicialmente calculado. Nadie en la Administración central ha admitido esa cifra a día de hoy. Es asunto abierto.