Armonización fiscal: el mundo al revés

El hecho cierto es que el presupuesto, en su trámite en el Congreso ha sido apoyado por once fuerzas políticas diferentes con una mayoría holgada de 188 diputados. Partidos de izquierdas, nacionalistas, independentistas, liberales, regionalistas. Todos ellos presentes en el Congreso porque cumplen los requisitos legales para poder presentarse a las elecciones y han obtenido los suficientes votos de los ciudadanos.

El presupuesto cumple con las directrices europeas y con lo que necesita el país. Es expansivo para atacar las consecuencias económicas y sociales derivadas del covid 19 y para enfrentarse al reto de la transformación que necesita nuestra economía, apostando por la senda verde y digital, y abordando el reto demográfico. De todo esto poco ha trascendido al debate público, quizá porque no hay alternativa.

Sí ha tenido más trascendencia, en cambio, un debate, para mí paradójico, en relación a la armonización fiscal entre las comunidades autónomas. Paradójico porque aquellos que defienden con más vehemencia la unidad de España (Vox y PP) y del mercado (los empresarios), proponen ahora la total libertad de las comunidades autónomas en el ámbito fiscal. En cambio, un partido que plantea la independencia de Cataluña como proyecto político (ERC), pacta con el gobierno proponer la armonización fiscal entre la CC.AA en la futura reforma del Sistema de Financiación Autonómico como vía para evitar la competencia desleal. Lo dicho, el mundo al revés.

En España el debate lleva tiempo instalado entre las comunidades. La armonización no significa uniformidad, implica delimitar la autonomía fiscal de las comunidades dentro de un margen para eliminar la competencia desleal. Yo he sido testigo, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la posición mayoritaria de las comunidades por la armonización. El propio Partido Popular en su programa electoral marco para las últimas elecciones autonómicas en su punto 3 (de 200) dice textualmente: «Impulsaremos una legislación que establezca normas armonizadoras que aseguren la unidad de mercado, con el fin de evitar la aparición de obstáculos que puedan fragmentarlo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». No hablamos, por tanto, de una cesión ilegítima a un partido independentista. Es un debate que está candente entre las comunidades.

Debate que ha sido provocado por el uso que ha hecho Madrid de su autonomía fiscal, reduciendo la tasa impositiva en figuras como el IRPF, Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones a las rentas y patrimonios más altos, que suponiendo el 7% de los declarantes se llevan el 42% de los beneficios fiscales.

Madrid se beneficia del efecto capitalidad, el 45 de las 1.000 mayores empresas tienen allí su sede. El sector público estatal acompaña al privado favoreciendo a la región con inversiones públicas en infraestructuras, ubicando en Madrid gran número de organismos y entidades públicas, manteniendo los mayores centros de decisión en la contratación y regulación pública cerca de la mayor concentración de los centros de decisión privados en lugar de jugar un papel compensador y equilibrado del territorio nacional. El 87% de las licitaciones del Sector Público Estatal lo realizan órganos ubicados en Madrid, el 64% de las cuales se adjudican a empresas con sede social allí, cuando su peso relativo no llega al 20%. Además, el porcentaje de empleados públicos estatales en la capital duplica el peso de la población de Madrid con respecto a España.

Es en este contexto en el que la Comunidad de Madrid ha desarrollado la política de competencia fiscal con el resto atrayendo a dos tipos de población: jóvenes con elevado nivel educativo y adquisitivo y contribuyentes con elevados niveles de riqueza acumulada. El resultado ha sido en incremento de 100.000 contribuyentes con altas bases imponibles, que han dejado de pagar sus impuestos en su comunidad de origen mermando, con ello, los ingresos de las mismas, entre ellas Cantabria.

Conviene destacar que el resultado de todo este modelo es que Madrid tiene el nivel de ingreso y gasto per cápita más bajo de todas la Comunidades, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos esenciales. Aspecto este último que no afecta a los beneficiados por las rebajas fiscales porque usan pocos los servicios públicos sanitarios, educativos y de protección social.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sostiene: «tenemos que seguir bajando impuestos para quienes mas necesitan los servicios públicos». La realidad es muy diferente, el PP reduce los impuestos a los que NO necesitan los servicios públicos.

La armonización fiscal es imprescindible para limitar la competencia fiscal, fortalecer el estado de bienestar, contribuir a la unidad de mercado y equilibrar el territorio nacional. Lo que ha de defender cualquier partido que se considere de Estado.