Asignaturas pendientes

Un asunto grave, que año tras año aparece entre las asignaturas suspendidas, es el de las viviendas con sentencia firme de derribo que permanecen sin solución. En este verano atípico faltó a su cita la manifestación que durante varios lustros organizó la Asociación de Maltratados por la Administración, AMA. Un colectivo numeroso de familias que adquirieron sus casas con toda la documentación en orden, pagaron tasas e impuestos y que han visto como los tribunales han decretado la demolición de sus hogares. Diferentes gobiernos han prometido solucionar el problema, pero a pesar de los lustros transcurridos los propietarios siguen atrapados entre una sentencia que obliga a derribar sus casas y los ayuntamientos y el Gobierno de Cantabria que no se atreven a ejecutar lo decretado por los jueces... porque ello supondría indemnizar con muchos millones de los dueños. Mientras, quienes pusieron su ilusión y sus ahorros en unos chalés ven como no pueden vender su inmuebles y sufren la pesadilla de que pueden verlos demolidos.

Otra de las materias que se mantiene en el limbo de los asuntos a resolver, pero que ni la derecha ni la izquierda... y tampoco el centro se lanzan a solventar es la necesaria reducción del número de municipios. En nuestra comunidad existen nada menos que 102 ayuntamientos. Un importante número de los mismos cuenta con menos de mil habitantes y la mayor parte de la población se ha concentrado en la franja costera. Nadie con criterio racional y de eficacia cuestiona la necesidad de agrupar poblaciones y reducir este minifundio local. Hay zonas en las que es sencilla esta tarea, porque son comarcas con personalidad, como ocurre con Campoo, Liébana, Nansa... y otras en las que lo sentimental pesa más que lo racional. En estos tiempos de cambio es buen momento para afrontar esta asignatura pendiente. No se trata tan solo de reducir gastos, sino también de facilitar el desarrollo y eliminar fronteras que carecen de sentido en el siglo XXI.

La adaptación de nuestra economía a unos criterios de sostenibilidad y las obligaciones que llegan con los mandamientos ecológicos, nos recuerdan que Cantabria ha frenado, con un criterio equivocado, la implantación de parques eólicos y también de otras fuentes de energías renovables. Ahora, es la ocasión, aunque sea tarde y con menos incentivos para su puesta en marcha, de acelerar la adecuación legal para que se puedan levantar aerogeneradores en nuestros montes. No se entiende que Cantabria esté a la cola de la regiones capaces de producir electricidad limpia, aprovechando los parques eólicos, mientras se extreman las medidas ecológicas en otras materias.

No debemos olvidar que una sentencia firme determinó que la depuradora de Vuelta Ostrera, que limpia las aguas de muchos municipios, con Torrelavega como el más importante, está construida ilegalmente y debe demolerse. Al margen de quedar en evidencia el laberinto de la legislación sobre los usos del suelo y el frecuente choque con la lógica, lo cierto es que desde hace meses, muchos, los responsables del ministerio y los ayuntamientos afectados buscan una nueva ubicación para, primero destruir una infraestructura que funciona bien y que no molesta a nadie y más tarde edificar otra en un terreno legalmente apto. El gasto de esta operación, que pagaremos los españoles con nuestros impuestos, es muy elevado. A fecha de hoy nada se sabe sobre cual es será el lugar donde se instale la nueva depuradora ni mucho menos sobre el proyecto, trámites ambientales, etc. que se necesitan para licitar la obra.

Es posible que transcurran los años sin que se disponga de la nueva planta de tratamiento de residuos y que la gran inversión realizada en Vuelta Ostrera se rentabilice, pero la percepción de los ciudadanos es que tenemos una legislación alejada de la realidad y que las sentencias son, en ocasiones, poco más que papel mojado porque no se ejecutan o cuando llega la hora, ya es muy tarde.

Un repaso a los asuntos que quedaron anunciados y que permanecen en el mismo estado resulta triste, porque nos asoma a una realidad en la que el tiempo se consume sin que se solucionen problemas enquistados. Ahora vemos la alarma vecinal en algunos municipios cántabros por la ocupación de viviendas. Un problema que no afecta solamente a los propietarios, que ven robadas sus casas, sin que existan mecanismos legales para exigir responsabilidades vía penal y desalojar de inmediato a los delincuentes, sino también a los vecinos a quienes esas ocupaciones les generan serios conflictos de convivencia y rebajan el valor de sus propiedades. En el inicio de curso, los políticos deben apresurarse a buscar soluciones a los viejos problemas.