La auténtica realidad

España entrará en 2022 con unos Presupuestos Generales del Estado basados en la afirmación falsa de que nuestra economía crecerá el 6,5% este año y un 7% el año que viene. Numerosos servicios de estudios, entre ellos la Comisión Europea, vienen desmintiendo este ejercicio de fantasía voluntarista, pero quizá el aviso definitivo lo acaba de dar el Banco de España: nuestro país crecerá solo un 4,5% este año y un 5,4% el que viene.

Esta desviación no es pequeña. Dos puntos de PIB este año suponen 20.000 millones de euros menos, y 1,6 puntos el próximo añadirán otro recorte de 16.000. Por tanto, eso dejará de producirse y de trasladarse al empleo, a los recursos de las empresas y, no menos importante, a los recursos fiscales de las administraciones. Al mismo tiempo, significa que, con un crecimiento más débil, las necesidades sociales y económicas seguirán siendo elevadas, mucho más que lo que estima la previsión optimista. Por tanto, aparte de cómo se ha redactado y con quién se ha pactado la ley de Presupuestos de 2022, está ante todo la cuestión de su falta de credibilidad: se dirige a un escenario económico que no se va a producir, y por tanto será una ley que no cumplirá objetivos. Perjudicados principales, como siempre, serán los más débiles, tanto en el mercado laboral como en los autónomos y pymes, y en las personas en riesgo de exclusión social. Eso sí, podrán ver sus series norteamericanas favoritas en versión catalana o vascuence, verdaderas prioridades por encima del puesto de trabajo y la supervivencia del pequeño comercio.

Para Cantabria este hecho tiene un perfil también muy perjudicial. El incumplimiento en ingresos y gastos conducirá a, una vez más, presentar un grado de ejecución inferior de las inversiones y a mantener una presión fiscal que, combinada con un IPC desbocado, se come las subidas salariales y empobrece a los hogares, ya que objetivamente entre el Gobierno y la inflación reducen el poder adquisitivo de las familias. También los Presupuestos de Cantabria, alineados con los de PSOE-UP nacionales, prevén cifras completamente irreales. El Gobierno regional afirma sin ninguna base real que Cantabria crecerá este año un 7,8% y el que viene un 8,6%, mientras que, por ejemplo, la estimación más reciente del servicio de estudios del BBVA señala que serán muy inferiores, de 5,9% y 5,4% respectivamente. Por tanto, también aquí las previsiones de ingresos, gastos y necesidades sociales y económicas se fundamentan en premisas totalmente desfasadas. Esos cinco puntos y pico de desviación en un bienio superan los 1.000 millones de error al estimar la economía cántabra. No es ninguna broma.

La nueva ola de la pandemia lo pone peor, naturalmente, porque vuelve a intensificar, además, necesidades de gasto sanitario, educativo y social, tanto en Cantabria como en España, y añade aún más desviación a unas cuentas que, como vemos, tenían ya pies de mantequilla. El resultado es que difícilmente las leyes presupuestarias van a influir de manera óptima en la evolución de la economía, antes bien parece que introducirán muchas distorsiones y alterarán las expectativas de particulares y empresas, sin mejorar la gestión de los servicios públicos.

Quiero subrayar a este respecto solamente dos puntos que me parecen importantes y que cada vez preocupan más, tanto a la ciudadanía como a los que ejercemos la representación de la sociedad en las instituciones.

El primer punto es la inflación. Aunque existan circunstancias internacionales que escapan al control de nuestro país o incluso de la UE, hay otros factores de aumento exagerado de precio que son más domésticos y no se están controlando. Por razones estructurales, tanto el sector de combustibles como el de energía eléctrica dependen de unas pocas compañías. Los precios finales a consumidor no solo dependen de los precios que fijen ellas por sus servicios, sino también de la fuerte carga impositiva que esos precios soportan.

Por ejemplo, cerca de la mitad del coste de combustible que repostamos en la gasolinera es directamente una recaudación para el Gobierno. Pero, cuando la subida de ese coste multiplica también el ingreso fiscal, y todo ello repercute en los precios al consumo (puesto que todos los bienes se transportan y el combustible es un factor de producción esencial), entonces no es solo el mercado el que empobrece al ciudadano, sino también su propio Gobierno, que no tiene la flexibilidad fiscal necesaria para suavizar el ciclo alcista de precios de las materias primas. Curiosamente, el Gobierno central sí lo ha intentado al reducir temporalmente la fiscalidad de la electricidad. Pues ese mismo argumento vale para el combustible. No hay sensibilidad social en el Gobierno ante esta clara conexión entre los impuestos y los precios. Naturalmente se deben cobrar impuestos, pero ¿en un nivel que deteriore la capacidad adquisitiva de los hogares y por tanto el nivel de empleo en la economía? Pues claramente la respuesta es no.

Un segundo punto que quiero tocar son los fondos europeos. Percibo en Cantabria mucho pánico al respecto: no hay claridad sobre si se podrán aprovechar a fondo los programas extraordinarios de Bruselas. Incluso en España el panorama no es alentador: a falta de pocos días para terminar 2021, apenas se había ejecutado menos del 40% de los fondos asignados en este ejercicio. Hay miles de millones de euros que no están pasando del papel a la realidad. El exceso de burocracia y la desorganización ejecutiva que es marca de la casa de Pedro Sánchez desde 2018 (lleva ya diez ministros bajados de su autobús gubernamental, incluidos dos vicepresidentes, más su propia mano derecha en Moncloa) están pasando una factura a la economía y a todos los españoles. Nadie entiende que no exista ya un ley de pandemias que evite la dispersión y la judicialización de la lucha contra la pandemia. Somos uno de los pocos países europeos sin normativa nacional clara. Y ya han pasado casi dos años desde el inicio de los contagios: no hay disculpa posible para esta inacción.