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Cuando el 25 de marzo de 1976 se hacía público el denominado 'Manifiesto de los Cien', pocos pensaban que el anhelo expresado en ese documento sería refrendado seis años después, cuando el 1 de febrero de 1982 entrara en vigor el Estatuto de Autonomía para Cantabria ... . El recorrido de una a otra fecha es el relato del proceso autonómico cántabro que, en unas fechas como las que nos encontramos, el cuarenta aniversario de la entrada en vigor del Estatuto, conviene ser repasado porque ese recorrido encierra un itinerario apasionante, la voluntad de un pueblo por dotarse de herramientas para conquistar el futuro, con un mensaje plenamente vigente.
Aquella histórica declaración, origen de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), había sido liderada por Miguel Ángel Revilla, que aglutinó a cien personas de distinta extracción social para suscribir un documento en el que se hablaba de la recuperación de la identidad histórica del pueblo cántabro como base para cimentar el futuro a través de la constitución de un colectivo, cristalizando así un discurso con cierta aceptación social que ya había comenzado a articularse en los estertores del franquismo.
En un primer momento, las élites políticas e institucionales no previeron mayores consecuencias en la irrupción de un colectivo como ADIC, viéndolo con cierta lejanía cuando no con recelo y cierto desdén; pero fue precisamente la inacción de esas élites, que optaron por mantenerse al margen del debate territorial o limitarse a quedar a la expectativa de lo que se decidiera en Madrid, lo que armó al movimiento cantabrista hasta el punto de convertirse en decisivo y trascendental.
El cantabrismo de entonces estaba compuesto por colectivos de diversas corrientes ideológicas que acabaron nucleados en torno a ADIC, todos con el elemento definidor común de la lucha por la defensa de la personalidad diferenciada de Cantabria y su encaje en la organización territorial a través de una realidad jurídico administrativa propia en un marco democrático. Fue su aparición la que moduló el discurso político de la transición, pasándose de la mera reclamación de un régimen democrático a un debate que necesariamente incluyera una solución territorial para Cantabria. Cualquier iniciativa de ADIC era asumida, discutida o rebatida. ADIC marcó la pauta y todos siguieron su guion, relegando a la irrelevancia política a los sectores más reaccionarios. Sin su presencia permanente, la autonomía hubiera sido un simple debate irresuelto.
Pero el camino hacia la Cantabria autónoma fue largo y no estuvo exento de dificultades. Aunque existía un fuerte componente identitario, nuestra autonomía no estaba prevista por el poder central ni tampoco contaba con el apoyo decidido de las élites políticas y socioeconómicas de Cantabria. Se daba la paradoja de que todos los intentos por integrarnos en el ente autonómico castellano se rechazaban al mismo tiempo que se desoían las peticiones de reconocimiento de un régimen preautonómico propio. Una situación de bloqueo que conducía a un escenario sin solución, lo que en sí mismo era el desenlace perfecto para los principales actores políticos.
Todo estaba encaminado a ese final hasta que se conoció el texto constitucional, dejando como única vía para acceder a la autonomía la activación del artículo 143. Ahí fue cuando una poderosa ADIC decidió dar origen al PRC, precisamente para activar el proceso desde la administración local. La maniobra resultó decisiva porque implicó que el premeditado quietismo político de los grandes partidos concluyera, obligándolos a definirse después de dos años de idas y venidas. Por fin, la UCD se decantaría por su ala montañesa frente al muy influyente castellanismo de buena parte de sus líderes; mientras, el PSOE, se obligaba a abandonar una calculada ambigüedad, incomprensible para buena parte de su electorado como se comprobaría en los años siguientes.
El logro autonómico fue un éxito de todos, pero en particular del cantabrismo. Sin embargo, ni se consiguió de la forma que siempre reclamó, ni tampoco se materializó como se había demandado, con una revisión sustancial en Madrid y la inclusión de la vergonzante cláusula de interinidad con el beneplácito de PSOE y UCD, reflejo perfecto de sus dudas.
Pero fue y Cantabria logró el hito histórico de verse reconocida como Comunidad Autónoma, lo que trajo consigo tres derivadas, que hoy están plenamente vigentes. La primera, el autogobierno, la herramienta que permite presupuestar y articular medidas desde Cantabria y para Cantabria, sin centros de decisión intermedios. La segunda, la posibilidad de sentar a Cantabria en los centros de decisión de las grandes políticas públicas, donde se plantean reivindicaciones sin otro límite que la solidaridad interterritorial. Y la tercera, la más importante para los cantabristas, el reconocimiento de nuestra personalidad en una realidad jurídico-administrativa, con todo lo que ello conlleva. Tres logros promovidos por aquel cantabrismo que hoy permiten que la sociedad cántabra, en su conjunto, pueda perseguir su futuro.
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