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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó ayer en la COP27 de Egipto que se graven los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras, gasistas y del carbón para redirigir esa recaudación hacia las personas en dificultades para acceder a los alimentos y ... la energía y para los países que sufren más «pérdidas y daños» por la crisis climática. La constatación de partida parece inapelable. Estos países son también los que menos contribuyen al calentamiento del planeta, por lo que sus afecciones resultan especialmente injustas. Pero más dudoso resulta que la fórmula expuesta por Guterres sea la más eficaz, viable y suficiente. Las tres grandes crisis económicas que el mundo ha conocido en el plazo de quince años han puesto en primer plano los problemas derivados de la acción humana sobre el medio ambiente, al tiempo que las urgencias del momento postergaban abordar la emergencia climática. La crisis financiera de 2008 apelaba a cambiar el patrón de crecimiento, la covid-19 a transformar la relación de las sociedades con la naturaleza, la guerra de Putin a liberarnos de los combustibles fósiles. Sin embargo, esos objetivos se han ido traspapelando en la agenda global y en las nacionales, sin que nadie los cuestione formalmente.
Los efectos del calentamiento en los últimos años han desterrado las resistencias negacionistas. Pero no por ello el mundo se atiene a las prescripciones científicas. El secretario general de Naciones Unidas tiene un cometido especial frente al cambio climático. Un cometido hacia que la organización que dirige debería orientar toda su autoridad para movilizar voluntades a nivel global. Los impuestos sobre aquellas actividades humanas que sean emisoras de gases de efecto invernadero y contaminantes han de formar parte de la agenda. Pero el adjetivo «extraordinarios» unido al término beneficios da lugar a una visión equívoca en tanto que presupone su existencia hasta el punto de que pudiera eximir a todos los demás beneficios de contribuir al abordaje de la emergencia climática en cada ámbito fiscal. Aunque la llamada fundamental no debería ir dirigida a compensar daños y pérdidas sino a contenerlos y reducirlos. Llamada que la ONU tiene la obligación de traducir a acciones concretas, nacionales y de sector económico, actualizando los objetivos de propuestos en anteriores cumbres.
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