Cantabria ausente

Vistas las valoraciones del encuentro de La Magdalena de unos y otros y, particularmente, las referidas a la condonación de la deuda autonómica, no hay duda: nos enfrentamos al segundo escenario, el de la obediencia ciega a los dictados del jefe de Madrid.

Es este un asunto del que se lleva hablando desde hace un año, pero sobre el que nuestro Gobierno aún parece no ser claro, demostrando cierta incoherencia. Primero era que no, aunque estemos abocados a hablar de ello por el simple hecho de que Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía concentran más de la mitad de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y quieren una solución. Cantabria no puede negar esa evidencia, como ha estado haciendo durante un año, siendo nuestra deuda prácticamente íntegra con el FLA. Pero eso no debe limitarse a seguir el dictado común del PP para luego acabar asentando con la negociación.

Es cierto que hay falta de información para abordar el asunto como se requiere. Pero, aunque aún no se ha revelado qué porcentaje de la deuda se va a 'perdonar', ni cuánto correspondería a cada comunidad, sí han trascendido varios informes; sin embargo, no conocemos nuestra postura más allá de las primeras valoraciones, realizadas con trazo grueso y según el argumentario madrileño premeditado. De un lado, se estimó que a Cantabria se la podrían condonar 600 millones, pero por otro, si trasladamos el cálculo a términos per cápita, la cifra llegaría a 1.200 millones. Esta diferencia es demasiado amplia como para sostener un debate con certezas, que necesita de la unidad de todas las fuerzas políticas cántabras.

La quita de la deuda es un asunto con muchos matices y todos los escenarios deben ser evaluados. Un estudio independiente estima que la condonación podría oscilar entre 49 mil y 72 mil millones, lo que resalta precisamente esos matices: qué cálculo se utilizará para la quita, cuál será su repercusión en la caja común, cuál el encaje de las CC AA que no tienen deuda con el FLA y cuánto de esa deuda se ha generado por la infrafinanciación. Y ese es el quid de la cuestión, lo cual impide despachar con ligereza cualquier oferta.

Por lo que ha trascendido, la quita se basa en el impacto que tuvo la crisis de 2008 sobre las cuentas públicas entre ese año y 2014. Aunque aún no se ha decidido la fórmula del reparto, es de destacar que, si esta se basa en la pérdida acumulada de PIB entre 2008 y 2014, Cantabria saldría bien parada, con unos 1.020 millones; pero si se calcula según la deuda acumulada en ese mismo período, la cifra se reduciría a 590 millones.

En un escenario con tal margen de diferencia, sabemos poco sobre nuestro posicionamiento, pero lo que es seguro es que no se puede limitar a valorar solo el importe. Hay mucho más detrás, y va a ser inevitable incorporar la infrafinanciación, porque varias comunidades dicen que su deuda se genera por ella, y eso supone que no podemos permitirnos desconocer y no consensuar la cifra irrenunciable para Cantabria.

En este sentido, debe quedar claro que la condonación no es más que una transferencia de titularidad de la deuda: todos nos haremos cargo de ella, lo que nos deja a algunos con cara de tontos, porque no todos hemos desarrollado estructuras de autogobierno mastodónticas ni hemos completado como quisiéramos la gestión de determinados servicios públicos. Esa socialización de la deuda repercutirá en el fondo global y, además, pondrá de manifiesto nuestra desventaja competitiva, nuestra infrafinanciación, generada entre otras cosas por el mero hecho de mantener la corresponsabilidad cuando otros se han desentendido. Por eso, la oferta de Sánchez no se puede aplaudir sin más.

Y por último, no es aceptable que el papel de Cantabria quede relegado a la defensa de soflamas partidistas, ya sea de los aduladores de Moncloa o de los que bloquean cualquier iniciativa excusándose en un supuesto vicio de origen, que parece que no existía en el gran cambio de modelo pactado con Pujol en los años noventa. Todos sabemos que el sistema solo puede modificarse en el Consejo de Política Fiscal, es decir, desde la multilateralidad, pero siempre defendiendo los intereses de cada uno e independientemente de los compromisos o acuerdos de Sánchez. Solo faltaba.

La autonomía no se construyó para aplaudir u obedecer ciegamente, sino para la defensa de los intereses generales de Cantabria. Ese es el mandato principal e irrenunciable y eso exige compromiso con Cantabria más que con la sigla de turno.