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Las negociaciones por la investidura han traído consigo el traspaso íntegro de las competencias sobre las Cercanías ferroviarias a Catalunya –las 'Rodalies'–, de manera que se completará lo ya gestionado por la Generalitat desde 2009, cuando se traspasó la gestión del servicio; esto es, lo ... que se refiere a horarios, frecuencias, líneas y precios. El acuerdo de ahora cederá el control de los trenes y del personal, así como de las estaciones y catenarias con la financiación adecuada y previo acuerdo de ejecución de las inversiones que actualicen y modernicen el servicio.
Al tiempo, el ministro del ramo ha ofrecido al resto de Comunidades Autónomas la asunción de la gestión de los trenes de corta distancia. Sin embargo, prácticamente nadie quiere oír hablar del traspaso de un servicio que arrastra un importante déficit de inversiones. En lo que nos incumbe, la presidenta cántabra ya ha manifestado su rotunda negativa a asumir la transferencia de la red de Cercanías, expresándose casi de forma idéntica a como lo hizo el presidente asturiano hace más de un año, una negativa justificada por el estado en que se encuentra la infraestructura y porque hacerlo sería llevar a la quiebra a la propia autonomía.
No es un asunto desconocido; el presidente Revilla también se expresó en parecidos términos en su momento, pero con un matiz bastante importante. En contraste con Buruaga, afirmó que sí estaría dispuesto a asumir las competencias una vez resuelto el déficit de inversión y asegurada la financiación. Parecido, pero no igual. Básicamente, lo que reclama Catalunya. Exactamente lo mismo que ahora plantea el presidente andaluz y similar a lo que en su momento se llevó a cabo en Euskadi (en 1978), Comunitat Valenciana (1986) e Illes Balears (1993), cuando se cedieron a estas comunidades las líneas FEVE que transcurrían por esos territorios: el Ministerio arregló y modernizó la infraestructura, cedió a continuación la gestión y, en algún caso, la competencia íntegra, todo con su correspondiente financiación.
Pero ahora estamos ante un escenario novedoso: el Estado se ha avenido abiertamente a transferir esta competencia, obligado también porque en el horizonte de una década, las comunidades autónomas podrán licitar sus propios servicios de cercanías, de acuerdo con la normativa europea de liberalización de los servicios públicos ferroviarios.
Por eso, en este contexto, algunos creemos que la respuesta al ofrecimiento estatal no puede ser un contundente rechazo con el único argumento de reclamar inversiones porque no somos ciudadanos de segunda. Los argumentos deben ser otros: Cantabria sí está interesada, quiere estar preparada para el escenario 2033 y necesita sacar adelante su Plan de Cercanías, que contempla unas inversiones de 1.257 millones de euros. O lo que es lo mismo, desarrollemos el en su momento vilipendiado 'papeluco', hoy convertido en el tótem de la reivindicación, para superar décadas de desinversión y no para no ser menos que nadie, sino para perseguir un futuro.
No es lo mismo reclamar inversiones y no mostrar mayor interés que reivindicar el Plan de Cercanías porque estoy muy interesado en gestionar o cogestionar la competencia. Pero ¿cómo no va a estar interesado un territorio en la gestión de las Cercanías cuando son un elemento clave en la vertebración socioeconómica de la propia Comunidad?
Se trata por tanto de reclamar la gestión de un medio de transporte que, por poner datos sobre el papel, hace una década usaban cerca de cinco millones de cántabros y ahora un 30% menos, al tiempo que nuestras principales carreteras soportan una intensidad media diaria creciente que, en general, llega a los de 80.000 vehículos. Se trata de frenar la decadencia y reorientar, también en términos de sostenibilidad, el transporte.
Es absolutamente fundamental mostrar interés; primero para asegurar las inversiones y la financiación del servicio; y segundo, por saber a dónde está dispuesto a llegar el Estado y por concretarle nuestro modelo de movilidad integral, incluyendo nuestras necesidades y nuestras características diferenciales –dispersión territorial y envejecimiento–, lo que obliga a introducir criterios favorables a las zonas rurales, como la igualdad de oportunidades o la vertebración territorial de manera que tratemos también la movilidad en términos de sostenibilidad.
Necesitamos plantear ya, atendiendo a nuestro autogobierno, los estudios necesarios de movilidad para trasladar al Ministerio nuestros criterios de vertebración territorial en el horizonte de gestionar o cogestionar unas competencias clave para decenas de miles de cántabros. Aprendamos de los errores históricos, cuando sin atender a nuestras necesidades, desde fuera y observando exclusivamente la rentabilidad económica, condenaron líneas y trazados - ¡qué bien vendría ahora la línea Astillero-Ontaneda!- utilizando la misma táctica de ahora, la desinversión.
Es hora de actuar desde Cantabria. Que no lo hagan por nosotros. Estamos ante una oportunidad, la de convertir las cercanías ferroviarias en un medio de transporte sostenible y eficaz, transformándolas en el 'metrotren' que necesitamos.
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