¿Berrea o rendición de cuentas?

Estamos a cinco meses de las elecciones autonómicas y es asunto de los partidos políticos proponer soluciones para los problemas de sus comunidades; cada líder político, en su programa electoral, debe explicitar las decisiones que adoptará si sale elegido. Asimismo, los gobernantes deben hacer pública la información pertinente para conocer el grado de cumplimiento de sus iniciativas y demostrar así el compromiso, o su falta, con los programas electorales que presentaron para ser elegidos. La rendición de cuentas es un aspecto importante de la integridad electoral, y es nuestra obligación ciudadana reclamarles que realicen aquello para lo que les hemos votado y acabar con aquello de «accedo al poder y me olvido de lo que dije» hasta dentro de cuatro años, cuando lo usaré de nuevo para salir elegido una vez más.

La mayoría de los países con más calidad institucional tienen articulados instrumentos para rendir cuentas (Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, Japón, Portugal, etc.). En la Unión Europea la exigencia por optimizar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, así como para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a los ciudadanos son las razones que han tenido los gobiernos para impulsar el desarrollo de la evaluación en las instituciones públicas.

En nuestro país, la opinión pública percibe un excesivo ratio entre los impuestos pagados y los servicios recibidos y exige mayor transparencia a las instituciones públicas al haber aumentado la desconfianza hacia las mismas. Las administraciones públicas no tienen ningún problema en publicar la información que el ciudadano necesita para cumplir sus obligaciones, pero más difícil es conseguir que se publiquen los datos que nos permitirían comprobar el destino de los ingresos obtenidos con nuestros impuestos o los balances de la actividad realizada. Estamos ante la necesidad de un 'cambio de cultura', se precisa que la intervención pública esté sometida no solo al cumplimiento de la legalidad sino también al control de la opinión pública.

La gestión de lo público requiere planificación y fijación de objetivos realistas cuyo cumplimiento debe ser evaluado, lo que permitirá a los responsables de las actuaciones públicas incorporar las lecciones de la experiencia en su quehacer diario, contribuyendo de este modo a mejorar la toma de decisiones e incrementar la transparencia en las instituciones. Cómo manifesté en estas mismas páginas (DM 17-3-2022), «la demagogia y la improvisación en la acción política tienen que ser reemplazadas por la planificación, la buena gestión y la rendición de cuentas».

Las resistencias de la clase política a la práctica de la evaluación y la rendición de cuentas se deben a su temor a que sus competencias se pongan en cuestión, el temor a sentirse ridiculizada por el resultado, el temor a que los medios de comunicación o la oposición puedan utilizar la información para criticar al gobierno, o simple y llanamente la certeza de lo inconfesable que está detrás de sus decisiones (corrupción, tráfico de influencias, etc.).

A pesar de lo anterior, en nuestro país encontramos ejemplos de buenas prácticas en la materia que nos ocupa, citaremos a la Generalitat Valenciana que, en su Ley de Transparencia y Buen Gobierno, ha dispuesto que, en los seis primeros meses de cada legislatura, se aprobará el plan de gobierno, en el que se identificarán los proyectos y medidas a ejecutar en ese período, a la vez que incorpora medidas para la evaluación de las actuaciones de su administración. Quiero mencionar también, sin ánimo de ser exhaustivos, que el Gobierno de Aragón, en su Ley de Organización y Régimen Jurídico, desarrolla los procedimientos de planificación de la actuación administrativa y de auditoría de sus órganos para evaluar su gestión.

El concepto de buen gobierno agrupa elementos como la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de la gestión; Cantabria es claramente deficitaria en cuanto a estos imprescindibles ingredientes de calidad institucional. Sin dejar de dar importancia a otros aspectos, me limitaré a enunciar dos hechos que impiden un análisis objetivo de la gestión realizada y la transparencia en la acción de gobierno: primero, la carencia de una cultura de rendición de cuentas, de hecho la evaluación y la presentación de memorias anuales de resultados por las unidades y los órganos directivos de la administración es una rara excepción; segundo, las ausencias e imprecisiones sobre la materia en normas administrativas fundamentales para el Sector Público.

Si usted quiere comprobar el sentir de los responsables políticos de su comunidad, le propongo un sencillo ejercicio: compruebe el número de artículos que la correspondiente ley de régimen jurídico, o norma equivalente, dedica a la planificación de actuaciones y a la evaluación de la gestión. El resultado les permitirá determinar el sentir de sus gobernantes y conformar su opinión ante los procesos electorales que se avecinan. Porque: ¿Qué cabe esperar de unos políticos que ven la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas como una amenaza, en lugar de cómo una oportunidad?