La brecha de uso

En Cantabria se percibe, desde hace meses, la sensación de que el personal va poco a poco desapareciendo de los trenes y de las estaciones. Los revisores son una figura a extinguir y ya no se contabilizan viajeros o se garantiza el correcto funcionamiento del servicio.

Y lo mismo ocurre con las sucursales bancarias. Los cántabros ven con tristeza y desánimo como se van desmantelando servicios de los que han venido disfrutando durante muchos años y que son un atractivo para jóvenes, y no tan jóvenes, que se animen a hacer una vida en zonas como, por ejemplo, la comarca de Campoo donde en el mes de abril se les comunico a los vecinos el cierre de la sucursal de Liberbank, hoy Unicaja Banco, de Matamorosa (Campoo de Enmedio).

Es difícil de explicar a la sociedad porque se habla constantemente de luchar contra la España vaciada, contra la despoblación, cuando en lugar de facilitar más y mejores servicios para las zonas rurales se esté produciendo un desbaratamiento de servicios esenciales para consumidores y usuarios.

La atención a distancia en las estaciones ferroviarias, utilizando los ya tan extendidos 'call center', supone la sustitución de personas por pantallas, y si ya había un déficit de información al usuario, parece más que probable que la situación no mejorará con una atención que dejará de ser presencial para convertirse en telemática.

La digitalización de los procesos comerciales y administrativos ha irrumpido en nuestro día a día y lo ha hecho de una forma precipitada y sin tener en cuenta que hay una parte muy significativa de la sociedad que no son nativos digitales. Esta aceleración ha supuesto un importante hándicap para todos aquellos que, por su edad, formación o condiciones personales, no han podido adecuarse a las nuevas formas de realizar gestiones profesionales, personales o administrativas que, hasta hace pocos meses, se podían todavía realizar presencialmente. Las limitaciones físicas, la salud, los cambios socioculturales, la sociedad o incluso la falta de accesibilidad en muchas zonas rurales y, ahora también, la brecha digital, han convertido a muchos usuarios de los servicios en personas vulnerables y muy dependientes.

Hablar de brecha digital es hablar de brecha de uso, pues hay que tener competencias y conocimientos digitales para utilizar, por ejemplo, los servicios de atención remota en estaciones de zonas rurales, muy dispersas y con una población muy envejecida, o para hacer frente a los cajeros que actualmente sustituyen a las oficinas bancarias de pueblo que tan necesarias y esenciales son en nuestros municipios.

Se está sustituyendo a las personas por las máquinas sin tener en cuenta que la actividad bancaria o las infraestructuras de transporte público deben llegar a todos los usuarios de estos servicios, con las modalidades que más se adecúen a cada uno de ellos. Este objetivo debe ser regulado por el Estado, con el firme propósito de garantizar la igualdad de derechos de los consumidores, sin que tengan que quedar a la merced de una máquina que, en la mayoría de los casos, no saben utilizar y que les conduce a situaciones de debilidad y frustración personal.

Y al igual que los servicios financieros deben cubrir necesidades de interés general y particular de manera permanente, también la gestión de las infraestructuras ferroviarias debe funcionar de manera regular, cercana, continua y presencial, a objeto de garantizar que el interés del ciudadano está por encima del interés de quien presta el servicio, sea una entidad privada, como en el caso de los bancos, o una entidad pública como en el caso de Renfe.

Para el Partido Popular es más que necesario el garantizar la igualdad real y efectiva de todos los territorios, prestando especial atención a las zonas rurales y/o con riesgo de despoblación. Para ello hemos lanzado una iniciativa en la que se insta al gobierno de Sánchez a materializar las medidas necesarias para romper con la brecha de uso que está suponiendo la transformación digital de servicios esenciales para los consumidores y usuarios como son la gestión de infraestructuras ferroviarias o los servicios bancarios, ambos de interés general para el ciudadano.

Nuestros gobernantes deben asegurar el correcto servicio a todos los usuarios, evitando a toda costa la exclusión personal y social de las personas en situación de vulnerabilidad, y no perjudicando a las zonas rurales frente a los cascos urbanos.

La despoblación no es un lema publicitario o político, es una realidad. Tomémoslo en serio.