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Los estudiosos de la comunicación coinciden en afirmar que cuando comienza una guerra, la primera víctima es la verdad. Me atrevo a asegurar que incluso antes del comienzo de la contienda la verdad ya ha sido obliterada, porque solamente de esa forma se logra ... activar la matanza. La pandemia del Covid-19 no es una guerra, por más metáforas bélicas que quieran utilizarse, pero como en tantos casos de extrema gravedad, la verdad también sucumbe a las arteras maniobras de quienes tratan de eludir su responsabilidad.
Desde el gobierno, y singularmente desde la formación Unidas Podemos, se ha activado una campaña contra las noticias falsas y los bulos. La Real Academia define la palabra bulo como una «noticia falsa divulgada con algún fin» y tras cualquier falsedad hay siempre una intención; desde quienes propalan las mentiras por puro divertimento, hasta quienes lo hacen para obtener algún rédito, bien sea político, económico, personal, etc. Tras este súbito interés por proteger a los españoles de las mentiras que circulan por las redes sociales, lo que se percibe es que determinados dirigentes quieren imponer la censura, coartar la libertad de expresión y achacar a otros sus propias responsabilidades. El objetivo es evidente: amordazar a los medios de comunicación para que sea el gobierno el único emisor de las noticias.
Esta maniobra es un ataque frontal contra uno de los pilares de la democracia: la libertad de cada ciudadano para expresarse y también para recibir información que le permita realizar su propio análisis y, posteriormente, emitir su voto con conocimiento de causa. Sin libertad de prensa no es posible la existencia de una sociedad democrática. La prueba evidente es que lo primero que hacen los regímenes totalitarios es cerrar los periódicos independientes y activar medios que dependan directamente del gobierno.
El pretexto para cercenar la libertad de expresión no es otro que proteger a los ciudadanos de los bulos y las noticias falsas. Para evitar que se difundan informaciones falsas que pudieran perjudicar a los españoles ya está la legislación ordinaria. Si un medio de comunicación propala una calumnia o atenta contra la salud, basta con presentar una querella y el autor será juzgado y condenado, si ha quebrantado la ley. Si resulta absuelto, habrá que convenir que no hizo nada ilegal y por tanto se limitó a exponer su opinión. No es preciso activar sistemas orwellianos para cercenar la libertad de expresión, basta con recomendar e incentivar la lectura de los medios de comunicación realizados por profesionales, por las personas que se han formado en la universidad para transmitir la información, una vez verificada.
El problema es de concepto: se confunden las redes sociales con medios de comunicación. En las diferentes formas de conversar a través de textos o imágenes se dan cita todo tipo de comentarios, pero es poco menos que imposible distinguir unos de otros. La diferencia entre un medio de comunicación profesional, es decir de un periódico con una larga trayectoria o de un informativo de radio o televisión, y los foros sociales, es la misma que existe entre la conversación en la barra del bar y las noticias contrastadas y verificadas por profesionales que difunden los periódicos. En estos días de sobre exposición a mensajes de procedencia dudosa, o incluso de supuestas noticias, difundidas por desconocidos a través de las redes sociales, es necesario, más que nunca, reivindicar el trabajo de los periodistas. Un profesional de la información actúa con criterios científicos y, en primer lugar, separa y distingue con claridad la información de la opinión y, por otra parte, atribuye con precisión la fuente de unos datos o la opinión de un médico, ministro, economista, etc. Con ese tratamiento riguroso de la información se evitan los bulos, las noticias falsas y, eso si, se difunden las aseveraciones u opiniones de personas relevantes, que pueden resultar contradictorias o incluso falsas, pero siempre con la indicación de quien es el autor de la frase. Usted puedo leer en un periódico, por ejemplo, aquello de que el dinero público no es de nadie... pero con la precisión de que es una ministra quien lo afirma. Los profesionales de la comunicación no deben ser confundidos con los twitteros de dedo fácil.
Hemos visto como las redes sociales se han sido invadidas por falsos opinadores creados de manera artificial para tratar de conducir a la gente hacia determinadas posiciones políticas. Eso no es periodismo. Pero tampoco es recomendable poner puertas a la avalancha de usuarios en las redes sociales. Si parece necesario evitar el anonimato en los diferentes foros virtuales y educar para que todos sepamos que nos hacemos responsables de nuestras palabras cuando se emiten en un ámbito público. Quienes se fían de las opiniones de personas sin prestigio profesional, o siguen los consejos de presuntos expertos alocados, están en su derecho a equivocarse. Un estado sobre protector es un peligro para la libertad y una amenaza para el funcionamiento darwiniano de una sociedad libre. En resumen: para informarse es preciso leer periódicos y poner en cuarentena cualquier mensaje recibido a través de las redes sociales.
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