¿Burocracia o burrocracia?

En los últimos meses hemos asistido a diversos pronunciamientos públicos en similar sentido al mencionado, entre los que parece oportuno citar, por su relevancia, el manifiesto de las agrupaciones empresariales de Cantabria, en el que se urge al Gobierno regional a la toma de decisiones para agilizar y simplificar la tramitación burocrática, de manera que la administración facilite y acompañe los procesos de inversión.

Sabemos que la actividad de la administración pública se articula en torno a la gestión y tramitación de procedimientos administrativos, que se caracterizan por un elevado grado de formalización causado por la sujeción de la actividad administrativa a las normas. Sin embargo, una excesiva regulación es capaz de mermar la necesaria eficacia al incrementar los períodos de tramitación, duplicar trámites, actuaciones innecesarias, etc., que inciden en la calidad del servicio prestado e incrementan los costes para los ciudadanos y las empresas.

En las sociedades modernas, las administraciones están obligadas a desarrollar sus funciones de la mejor manera posible, procurando la máxima satisfacción de los usuarios de servicios públicos y de los beneficiarios de la actuación administrativa. Es precisamente en este escenario de mejora donde las técnicas de análisis y simplificación de los procedimientos administrativos se nos muestran como un instrumento idóneo para incrementar la eficiencia de las organizaciones y reducir las cargas que soportan los ciudadanos y las empresas.

En el ámbito empresarial, las organizaciones están sujetas al cumplimiento de una serie de obligaciones impuestas por la normativa que regula su actividad. Los trámites administrativos generan un coste elevado para las empresas lo que puede repercutir negativamente en su crecimiento y competitividad. Por ello es muy importante que los gobiernos racionalicen su gestión y garanticen que las normas no impongan trámites innecesarios.

La racionalización significa conjugar los principios de legalidad y eficacia en la actuación administrativa. Es necesario que los procedimientos estén sometidos a un proceso continuo de evaluación, que permita su optimización y adaptación a los cambios que se vayan produciendo en la sociedad. Junto con otras mejoras, como el uso intensivo de las nuevas tecnologías, la reducción de cargas administrativas y la mejora de la regulación se configuran como actuaciones clave para modernizar las administraciones públicas al mismo tiempo que se contribuye a mejorar la competitividad del tejido empresarial.

En nuestra región, la única iniciativa de estas características conocida es el 'Plan de reducción de cargas de la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria', aprobado por el Consejo de Gobierno el 25 de febrero de 2010, tras un largo periplo publicitario durante los meses previos a su ratificación. El citado plan identificaba las obligaciones que la normativa autonómica imponía a las empresas y proponía una serie de medidas y líneas de actuación encaminadas a simplificar los trámites administrativos, permitiendo reducir los costes que soportan las empresas.

Dicho lo anterior, parece oportuno recordar que la elaboración del mencionado plan contó con la participación de la CEOE-Cepyme, UGT, CC OO y las Cámaras de Comercio de Santander y Torrelavega, así como con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social. Asimismo, se debe destacar que el Pleno del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 3 de mayo de 2010, se pronunció favorablemente sobre el plan remitido por el Gobierno, aprobándose la resolución por unanimidad.

Llegados a este punto cabe hacer las siguientes preguntas: ¿Se conoce el grado de cumplimiento del plan que aprobó el Consejo de Gobierno de Cantabria? ¿Se ha presentado el balance de ejecución del mismo? ¿Alguna fuerza política lo ha reclamado? Si como parece las respuestas son negativas, presumo que nos encontramos ante una oportunidad perdida que ha tenido, a mi juicio, una consecuencia clara: se ha perdido la ocasión de consolidar una línea de trabajo encaminada a simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia, lo que ha contribuido a lastrar el desarrollo económico de nuestra región.

Con estos antecedentes, en unos momentos en que celebramos el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Cantabria, no pueden extrañarnos las demandas de las organizaciones empresariales pero, no nos engañemos, la burocracia es la consecuencia, el auténtico problema es que la eficiencia de los servicios públicos no está en la agenda de nuestra clase política.

La colaboración de los empleados públicos en ese proceso de reducción de la burocracia resulta fundamental para el éxito del proyecto, porque las actuaciones encaminadas a tal finalidad afectan a todo lo que se hace dentro de la organización y deben integrar a todo su personal, pero la variable clave para un funcionamiento eficiente de las administraciones públicas es la voluntad política. Solo desde el poder se tiene la capacidad de afectar el comportamiento de una institución encerrada en sí misma y con una pobre cultura de servicio público.

La idea de servicio debe estar presente en todas las actividades de una organización pública, es la administración la que debe estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio de la administración. Ojalá el debate y la presión social despierten a nuestros gobernantes de su letargo y se conforme en nuestra administración una línea de trabajo orientada a la reducción de la burocracia y a la mejora de los servicios públicos.