La burocracia, freno al desarrollo

El análisis, realizado por profesionales que están en destacados puestos directivos, conduce a señalar la burocratización y la hiperregulación como causas de la lentitud en allanar los caminos y mejorar la vida de los cántabros. Creo que bastaría con que los gobernantes dedicaran una mañana a escuchar a los actores principales de la economía regional, para que se inicie un plan que agilice los trámites administrativos y frene una producción innecesaria de leyes y sistemas regulatorios.

Una revelación puede servir de ejemplo adecuado: se tarda más tiempo en tramitar los permisos para construir un edificio que en los propios trabajos de obra. Las exigencias de documentación son una losa que pesa sobre quienes tratan de desarrollar una actividad y, lo que es peor, no es posible iniciar legalmente ninguna actividad sin los permisos correspondientes. Lo más perjudicial es que no se pueden comenzar obras o reforma alguna sin tener previamente todos los permisos, lo que perjudica la dinámica económica de la región.

Los empresarios y ciudadanos en general padecen las consecuencias del laberinto burocrático. Este problema tiene una solución que no cuesta dinero, sino que por el contrario podría ahorrar muchos miles de euros y agilizar la vida de los cántabros: modificar leyes, aligerar controles y procedimientos para que, respetando los requisitos esenciales, se puedan iniciar los trabajos una vez presentada la documentación. En algunas regiones se han tomado decisiones en este sentido -aunque tímidamente- y se ha dinamizado la economía y mejorado la vida de las personas. Posteriormente a la entrega de la documentación habrá una inspección que certifique que se ha ejecutado el trabajo según la norma y si no fuera así se obligará a las modificaciones precisas. Esta forma de controlar se basa en la confianza hacia el ciudadano y resulta más sensata y eficiente que la presente, anclada en la sospecha hacia el administrado. Con esa simple medida se evita el retraso de meses en muchas actividades, con lo que supone de pérdida de puestos de trabajo y la tara al desarrollo.

En algunas regiones se han adoptado otras soluciones: adjudicar un funcionario a cada proyecto de determinado nivel de complejidad, de manera que la empresa tenga un solo interlocutor con la administración que, a su vez, será la persona que deba agilizar los trámites y evitar demoras innecesarias. Se elimina el peregrinaje por las diferentes ventanillas -las virtuales son, en ocasiones, más tóxicas que las físicas- y se orienta al demandante por las mejores sendas del laberinto burocrático.

Otro lastre que soportan los emprendedores es la funesta costumbre de legislar por el mero hecho de justificar el trabajo de los parlamentos. Si a la extensa y farragosa regulación mediante leyes de las cuestiones más nimias, se une la multiplicidad de parlamentos regionales, el resultado es un mosaico regulatorio que complica extremadamente la circulación de los bienes económicos, entorpece los procesos de producción y frena la libertad movimientos.

La España de las autonomías se creó, en la Transición, para satisfacer las demandas de los independentistas catalanes y vascos y para acercar la administración a los ciudadanos. La emulación de las regiones secesionistas llevó a España a un sistema poco eficiente y a romper la uniformidad de la legislación. La aprobación de leyes en las diferentes regiones rompe la unidad del mercado y dificulta el desarrollo de iniciativas a nivel nacional. No tiene lógica que la normativa en materia de seguridad en los edificios sea diferente en cada comunidad autónoma o que cada una de ellas tenga que redactar, tramitar y aprobar una ley que afecta al control de los alimentos.

Los elegidos para gobernar deben tener presente el bienestar de los votantes y por ello facilitar la vida de todos. Una forma esencial de llevar a cabo esa tarea es facilitar el camino a los creadores de empleo. Es posible reducir la burocracia y simultáneamente mantener rigurosamente el cumplimiento de la normativa. Basta con una decisión política.