El caballo bronco

La respuesta automática a todo problema decisivo de Cantabria es, por tanto, 'Madrid'. Esta falta de autonomía real es el motivo implícito e inconfesado que ha llevado a querer influir en el espacio del que dependemos tan absolutamente: primero en la 'tele' y luego en las Cortes. Sin embargo, no hay hasta el momento traducción provechosa de tales maniobras, que acaso eran necesarias, pero está por ver si suficientes.

España experimenta un completo impasse desde que el PNV cruzó el Rubicón y puso en marcha un mecano alternativo a la geometría variable de Rajoy. Dicho mecano, coordinación efectiva entre socialismo, podemismo, independentismo catalán y soberanismo vasco, no ha funcionado. Parece un caballo 'bronco' de un rodeo de Texas: ha causado ya dos anticipaciones de elecciones y amenaza con una tercera. La versión 1.0 o 'mayoría de censura' no llegó a aprobar los presupuestos de 2019. La versión 2.0 o 'mayoría de investidura con Podemos sin Iglesias' no alcanzó a sustanciarse. La versión 3.0, 'mayoría de investidura con Iglesias', no puede aspirar, precisamente por ser lo que es, más que al respaldo del nacionalismo catalán. Pero este tiene su propia hoja de ruta y ahora ha recibido una inyección de capital político con la decisión del Tribunal de la Unión Europea favorable al preso Junqueras.

Luxemburgo interpreta que los proclamados como eurodiputados electos no necesitan más formalidades para gozar de sus derechos parlamentarios: representar a los electores, desplazarse libremente o la inmunidad. El Tribunal Supremo no permitió a Junqueras ejercerlos. Esto no necesariamente afecta a toda la tramitación del juicio. Sin embargo, a partir de su euroelección habría adquirido inmunidad y todo trámite posterior solo hubiese podido proceder mediante el correspondiente suplicatorio dirigido al Parlamento Europeo. Entretanto, Junqueras habría disfrutado de libertad. Y también Puigdemont, Comín y (a partir del Brexit) Ponsatí: si se los detiene al regresar a España, son eurodiputados y se les debe reconocer la inmunidad, solo cancelable por una votación sobre ello en Estrasburgo.

Se ha argumentado que esta es una consecuencia de judicializar el desafío separatista. Ello es bastante cierto. Aunque sea difícil imaginar cómo no judicializar una situación cuando la estrategia del infractor es romper la ley a martillazos, si los sucesivos atrevimientos se iban a responder solo con la legislación vigente, el asunto quedaría en manos de las togas y no de los escaños. Y con una carga muy importante no solo de derecho administrativo o penal, sino también constitucional y humanitario en general. Pero ocurre, por un lado, que el derecho constitucional posee un componente filosófico esencial: se trata de interpretar en qué medida unos derechos deben limitarse con otros cuando existe un conflicto entre ellos, y esto es discutible por definición, pues, si no lo fuese, no harían falta tribunales constitucionales. Y, por otro lado, la Constitución española no es la de toda Europa, ni el criterio de nuestros jueces, del Supremo o del Constitucional, es la última palabra sobre derechos. Así lo hemos aceptado al integrarnos en la Unión Europea.

La resolución no solo pone en solfa la actuación del Supremo con Junqueras, sino también una muy reciente de nuestro Constitucional, que tampoco quiso amparar al líder de ERC. Este doble revolcón quizá no fue previsto por las fuerzas que confiaron en el solo sistema judicial para gestionar las conductas sediciosas de 2017. La interpretación última de nuestros derechos no está en Madrid, sino en Luxemburgo. Es nuestro tribunal 'Superconstitucional' o 'Supremamente Supremo'. Si queremos evitarlo, la única opción es un Brexit español. Como hablar de esto sería perder el tiempo, hay que aprender de los errores y funcionar con más tacto político y jurídico.

La moral del independentismo sube y la versión 3.0 de la 'mayoría censora' se atasca. Todo su arte residía en romper el bloque separatista catalán sin romper el bloque constitucionalista español (y el propio PSOE internamente): un compromiso con ERC, un futurible 'más allá del Estatut', que no causara sino sobreactuaciones inofensivas del resto de partidos. Pero lo esperable en Cataluña ahora no es pragmatismo, sino hiperventilaciones. Si Sánchez quiere la anuencia in extremis del PP y Ciudadanos, tendría que ser con un gobierno monocolor socialista muy débil. Y si no hay solución ni por la derecha ni por la izquierda, las terceras elecciones están servidas. Incluso si ERC justificara malabarmente la investidura de Sánchez, no podría legitimar el sostenimiento continuado de dicho gobierno en ausencia de concesiones claras al ideario separatista.

Así pues, al depender Cantabria, según se proclama cada día, de España en casi todo, también depende de la indecisión nacional. En cuanto a las decisiones propias, el Presupuesto regional recién aprobado, que recorta la inversión, no parece la reacción óptima cuando el vaquero de Moncloa no aguanta aún los 8 segundos de rigor a lomos del caballo bronco.