Calles sin memoria

La realidad es que en Santander nunca ha existido demasiada prisa por cumplir esta legislación. En septiembre de 2000, siete años antes de aprobarse en el Congreso, el alcalde Gonzalo Piñeiro dijo que retiraría de la calles los escudos preconstitucionales y los nombres franquistas de algunas calles. Solo un mes después de eso, PP y PRC se posicionaron en contra de hacerlo en el Pleno municipal. Hay una máxima en el Ayuntamiento desde hace más de cinco años: «sin prisa, pero sin pausa». ¿Hay que cambiar la nomenclatura del callejero? Sí, pero «sin cometer errores por hacerlo rápido». «No hay voluntad de demorarlo, pero no debe haber tampoco prisa», han repetido en diferentes momentos desde el equipo de gobierno. Pocas leyes habrá en las que los ayuntamientos son los que marcan los tiempos de cumplimiento.

Todos sabemos que cambiar la nomenclatura del callejero de una ciudad es un procedimiento administrativo lento. Pero desde hace media década existe en el Ayuntamiento una lista consensuada de nombres que deben ser cambiados; desde hace catorce, hay una Ley de la Memoria Histórica que debe ser obligatoriamente acatada; hay nombres inequívocamente franquistas que deben ser eliminados y, sin embargo, ni se comienza con el papeleo ni se ejecuta el grueso de los cambios. Es cierto que sí se han dado pasos. En 2016 y 2017 se retiraron los monumentos a las Legiones Italianas y el dedicado a los Caídos en la IV División de Navarra y se sustituyeron tres calles. Antes de eso cayeron la estatua de Franco de la plaza del Ayuntamiento, la plaza de José Antonio, el monumento a Matías Montero, el monolito del Alto de Miranda y los escudos de la plaza de Italia. Pero estemos a favor o en contra de cambiar las calles, o tanto si pensamos que se trata de una medida ideológica o de sentido común, la única verdad es que existe una ley aprobada en el Congreso que debe obedecerse. Que debería haberse obedecido ya hace más de una década. Estos retrasos intencionados -una pataleta entre partidos que ya dura demasiado- restan autoridad moral a los incumplidores. Si es que todavía les queda alguna.