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La historia no debe borrarse, pero el recuerdo del pasado tampoco debe confundirse con la exaltación pública. Ya han pasado 14 años desde que se ... aprobó la ley que obliga a los ayuntamientos a jubilar el nombre de las calles con nombres franquistas, y acabamos de conocer que en Santander todavía quedan quince por cambiar. No solo eso, sino que ahora PP y Ciudadanos se autoexculpan del retraso y se pasan las competencias de despacho en despacho. Si tardásemos tanto en cumplir otras leyes y ordenanzas seguiríamos con las mismas tarifas de agua y de luz desde hace más de una década, fumando en los hospitales y aviones, o con un IBI más raquítico en nuestras facturas de la casa. Pero ya sabemos que hay leyes urgentes y otras que no lo son tanto. ¿Cuestión política? No debería serlo. Es cierto que esta ley fue la medida estrella de la primera legislatura de Zapatero en 2007, pero luego llegó Rajoy con su mayoría absoluta y no la derogó, ya sea por estar de acuerdo con ella, por conveniencia electoral o por no pisar demasiados callos.
La realidad es que en Santander nunca ha existido demasiada prisa por cumplir esta legislación. En septiembre de 2000, siete años antes de aprobarse en el Congreso, el alcalde Gonzalo Piñeiro dijo que retiraría de la calles los escudos preconstitucionales y los nombres franquistas de algunas calles. Solo un mes después de eso, PP y PRC se posicionaron en contra de hacerlo en el Pleno municipal. Hay una máxima en el Ayuntamiento desde hace más de cinco años: «sin prisa, pero sin pausa». ¿Hay que cambiar la nomenclatura del callejero? Sí, pero «sin cometer errores por hacerlo rápido». «No hay voluntad de demorarlo, pero no debe haber tampoco prisa», han repetido en diferentes momentos desde el equipo de gobierno. Pocas leyes habrá en las que los ayuntamientos son los que marcan los tiempos de cumplimiento.
Todos sabemos que cambiar la nomenclatura del callejero de una ciudad es un procedimiento administrativo lento. Pero desde hace media década existe en el Ayuntamiento una lista consensuada de nombres que deben ser cambiados; desde hace catorce, hay una Ley de la Memoria Histórica que debe ser obligatoriamente acatada; hay nombres inequívocamente franquistas que deben ser eliminados y, sin embargo, ni se comienza con el papeleo ni se ejecuta el grueso de los cambios. Es cierto que sí se han dado pasos. En 2016 y 2017 se retiraron los monumentos a las Legiones Italianas y el dedicado a los Caídos en la IV División de Navarra y se sustituyeron tres calles. Antes de eso cayeron la estatua de Franco de la plaza del Ayuntamiento, la plaza de José Antonio, el monumento a Matías Montero, el monolito del Alto de Miranda y los escudos de la plaza de Italia. Pero estemos a favor o en contra de cambiar las calles, o tanto si pensamos que se trata de una medida ideológica o de sentido común, la única verdad es que existe una ley aprobada en el Congreso que debe obedecerse. Que debería haberse obedecido ya hace más de una década. Estos retrasos intencionados -una pataleta entre partidos que ya dura demasiado- restan autoridad moral a los incumplidores. Si es que todavía les queda alguna.
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