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A mí no me importa tener que recuperar las horas antes de fin de año… si es que para entonces sigo vivo y todavía tengo ... trabajo'. En la cola del pan, un alarde de humor negro para no sucumbir a la depresión de uno de tantos cántabros que esta semana se han quedado en casa por las nuevas restricciones dictadas por el Gobierno. Una batería de medidas controvertidas, confusas, improvisadas, luego rectificadas sobre la marcha y siempre sujetas a los bandazos de la política. Es decir, la tónica general de esta crisis.
Pedro Sánchez resolvió parar la economía española 48 horas después de haberse pronunciado a favor de mantener la actividad en la medida de lo posible. Por entonces, no faltaban voces en el PP que postulaban la parálisis laboral y productiva –los presidentes de Andalucía y Murcia, el propio Pablo Casado también lo dejó caer– pero luego se han pasado a la crítica en fondo y forma. En la periferia nacionalista, Torra aplaude el parón y Urkullu lo deplora. Y en Cantabria, Revilla se muestra en contra, porque es más fácil cerrar las empresas que luego reabrirlas, mientras el aliado socialista en el Gobierno regional se atiene, naturalmente, a lo que Sánchez decida en cada momento.
Hay razones sanitarias de fundamento para 'hibernar' la actividad laboral en la fase crítica de la pandemia. Hay también argumentos económicos de peso para mantener el tejido productivo hasta donde sea factible para afrontar lo mejor que se pueda el día después del combate contra el coronavirus. Los dos planteamientos son respetables, lo que resulta más difícil defender es que las medidas sean diferentes en una u otra autonomía. Como si la economía operase en compartimentos estancos. Como si no hubiéramos aprendido ya que la pandemia no respeta los límites territoriales.
Un diálogo previo entre el Gobierno y la oposición, los líderes regionales, la patronal y los sindicatos quizá hubiera propiciado un consenso saludable sobre las medidas a tomar y una necesaria inyección de moral a la población que aguanta el tipo en medio del estrépito que generan sus representantes políticos.
Pedro Sánchez, desde su tambaleante liderazgo, invoca ahora un nuevo 'Pacto de la Moncloa', un gran acuerdo nacional para apuntalar la economía mientras la oposición alude a un Gobierno de concentración de emergencia con el PSOE, incluso sin Pedro Sánchez y desde luego sin la izquierda radical. Como si Sánchez estuviera dispuesto a perder el mando o Pablo Iglesias a dejar el poder al que tanto le ha costado llegar. 'Resistiré', cantarán ambos. Aunque sea mediante la alianza con el independentismo que utiliza el coronavirus como coartada en su ofensiva contra el Estado.
El enfrentamiento partidario deja patente que a la clase política le está costando mucho el cambio de chip que la ocasión merece. No se trata sólo de combatir al virus ni de articular medidas de urgencia para ayudar a las personas y sectores más vulnerables sino de articular una respuesta firme y cohesionada de todo un país a una crisis que se prevé larga y que ya se constata muy dolorosamente en las cifras de desempleo. De prepararse para eso que llaman una 'economía de guerra' en el metalenguaje bélico que se ha impuesto en estos tiempos de zozobra.
También Cantabria debe reorientar la acción política en todas las instancias. Dice Revilla, sin demasiada convicción, que la reivindicación al Estado sigue vigente en medio de la pandemia, pero es difícil creer que las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao puedan avanzar a buena velocidad en la actual situación. En las actuales circunstancias se quedan viejos muchos focos de debate. Por ejemplo, no es probable que la nueva depuradora de Vuelta Ostrera, cuya ubicación se discute una y otra vez en el Parlamento regional, vaya a ser una realidad cercana. Ni que el derribo de la escollera de La Magdalena, que tanta controversia ha alimentado en Santander, sea una prioridad. Ni siquiera la resurrección de Sniace, ahora que los bienintencionados accionistas reclaman su reapertura para fabricar material sanitario, parece un objetivo realista. Ni el Mupac, ni las integraciones ferroviarias, ni las empresas públicas, ni las infraestructuras y servicios no esenciales, ni tantos planes y proyectos regionales y municipales, incluidas las partidas destinadas a las clientelas políticas de los partidos gobernantes, pueden salir indemnes cuando se debe concentrar el esfuerzo en paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia, que obligará incluso a flexibilizar el déficit con más gastos y menos ingresos.
Como no se deben poner límites a la Providencia, habrá que dejar espacio al optimismo de los que auguran una evolución en 'V', según la cual la recuperación socioeconómica será tan rápida y contundente como lo está siendo la caída, y los ciudadanos podrán recuperar su vida normal y su trabajo. Pero cuando se trata de una crisis de magnitud desconocida para las generaciones posteriores a la Guerra Civil, la obligación de la sociedad y de sus líderes políticos es prepararse para el peor escenario. Cuando volvamos a salir a las calles, los paisajes serán los mismos, pero el mundo podrá haber cambiado mucho.
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