Cantabria ante la financiación autonómica

Sin embargo, en ambos casos se parte de un análisis de la demanda, y de qué necesidades hay que cubrir en función de los SPE. No se tiene en cuenta la oferta y, más concretamente, los costes inherentes a la prestación de los servicios, que son diferentes en cada comunidad en función de sus características. Este aspecto es relevante para Cantabria.

Nuestra comunidad se ve afectada por su reducido tamaño, lo que implica una incidencia mayor de los costes fijos en la prestación de los SPE (algunos estudios apuntan a unos coste fijos unitarios en educación y sanidad superiores, en nuestra comunidad, en un 20% a la media del resto de las autonomías). Esto es así porque los SPE tienen un alto componente de costes de gestión, mantenimiento, personal, infraestructura, que hay que asumir para mantener una determinada oferta de SPE imprescindible y de calidad. Cantabria ha de trabajar para que esta cuestión se vea reflejada en la reforma del sistema de financiación.

Otra cuestión, en este caso desde el punto de vista de la demanda, también es pertinente para nuestra comunidad. Me refiero al caso concreto de los residentes no censados, especialmente relevante en la zona oriental de la región, que son usuarios de SPE y no aportan ingresos a la comunidad autónoma.

Cantabria debe de defender un SFA justo, sin duda. Para ello debe de compartir alianzas con otras autonomías para defender posiciones que beneficien a todos. El punto de partida ha de ser definir y consensuar qué estado de bienestar queremos. A partir de ahí se debe de garantizar la suficiencia del SFA para proveerlo, porque en ello nos va la calidad de nuestro estado de bienestar. Las comunidades autónomas destinan en torno al 83% de su gasto a los SPE. Algún estudio indica que los recursos del actual sistema han resultado inferiores en más de 20.000 millones al año a los necesarios para desplegar el nivel acordado en 2009. Es cierto que alguna región que alardea de ser un «territorio libre de impuestos» (sea lo que sea lo que esto quiera decir), como Madrid, tendrá difícil defender esta posición. En segundo lugar, debemos alcanzar la mejor determinación del concepto de la 'población ajustada' para definir mejor las necesidades del sistema en cada comunidad. En este punto es donde mas fricciones entre comunidades habrá porque cada una de ellas querrá sobreponderar aquello que le beneficia. Al final, tendrá que haber un consenso básico que no dejará plenamente satisfecho a todos. Pero ese consenso se alcanzará. Hay que recordar que el actual SFA, que ahora es cuestionado por algunos, se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin ningún voto en contra.

Pero además, nuestra región ha de poner encima de la mesa sus dos particularidades para que sean atendidas en alguna medida. Y ha de hacerlo con argumentos sólidos. Es por ello que considero imprescindible elaborar por parte del Gobierno regional un estudio solvente y actualizado sobre el efecto de los costes fijos en la prestación de los SPE. De igual forma, ha de ser capaz de presentar un estudio sólido sobre el efecto de los residentes no censados sobre la demanda de los SPE en nuestra región.