Cantabria, atrapada en la red normativa

Este ejemplo prueba que el título 'El peso de los papeles' está más que justificado. Lo grave es que la exuberancia legislativa y el deseo de los políticos por eliminar la libertad de las personas afecta, de manera severa, al desarrollo de nuestra región. El 25 de septiembre publicaba El Diario Montañés una información en la que se resumían las conclusiones de una reunión entre la patronal CEOE, Acefam y las cámaras de comercio de Santander y Torrelavega. Los protagonistas de la propuesta pedían al Gobierno regional que se agilicen los trámites, para que la iniciativa empresarial que genera riqueza y empleo no se vea frenada por un piélago normativo y por una tramitación tan lenta como ineficiente. Los problemas deben afrontarse con lucidez y valentía. En ocasiones la solución requiere de grandes inversiones económicas y eso detiene el proceso. Los ejemplos son claros: el AVE a la Meseta, la mejora de autovía Santander-Bilbao, la elevación de las prestaciones sociales... pero en otros casos basta con la decisión política de afrontar la cuestión de frente y sin rodeos. Cuando los actores económicos solicitan que se agilicen los plazos para la concesión de licencias la solución no requiere de inversiones millonarias. Basta con el acuerdo mayoritario de los diputados regionales para que arbitren fórmulas que permitan que el peso de los papeles no aplaste el dinamismo de la economía.

Los ejemplos son abrumadores: planes de urbanismo que demoran más de veinte años su tramitación, sentencias de demolición de viviendas que han superado tres décadas pendientes de ejecución, plazos dilatorios para que se aprueben licencias tan sencillas como modificar las ventanas de un edificio con algún tipo de protección o para iniciar la construcción de un grupo de viviendas. Todo esto sin entrar en la complejidad de las normas para el asentamiento de industrias o servicios.

El control sobre la iniciativa privada es necesario, pero en ningún caso debe resultar un freno para el desarrollo y el bienestar de las personas. Es necesario no ya rebajar el peso de los papeles, sino las regulaciones y normativas excesivas. Con la digitalización se eliminarán los documentos impresos, pero el embudo seguirá funcionando, en modo digital.

Otras regiones españolas han logrado agilizar la tramitación de expedientes. Lo han hecho en ocasiones eliminando trámites que el paso del tiempo ha demostrado inútiles o bien otorgando confianza inicial a quien demanda una licencia de apertura o quiere iniciar un proyecto para revisarlo a posteriori. Carece de sentido aplicar un freno a la iniciativa que es el motor de creación de puestos de trabajo. Tampoco es admisible esa tendencia totalitaria de los gobiernos para hacer depender a todos los españoles de sus mandatos.

Existe consenso sobre la necesidad de activar la economía de manera urgente. Las consecuencias de la pandemia del covid-19 son severas y por eso es prioritario facilitar al máximo las iniciativas de los empresarios y, al mismo tiempo, acelerar en lo posible la llegada de los prometidos fondos europeos. En Cantabria la reactivación es aun más perentoria porque durante las últimas décadas el progreso ha sido más lento que la media de España y es el momento de revertir esa tendencia. Para que los millones de euros que Bruselas destinará a España y, en segunda derivada, a Cantabria lleguen en la cantidad justa y para proyectos que ayuden al crecimiento, se debe mantener no solo una permanente atención sobre los criterios de reparto, sino también contar con proyectos viables, que se ajusten a los criterios de la UE y que estén listos para entrar en el primer tramo de la llegada de ayudas. La red de normativas ineficaces, la lentitud de la administración y el divorcio entre lo real y lo legislado impiden que los cántabros activen todas sus capacidades. Modificar la legislación para facilitar el desarrollo no precisa de inversiones importantes; basta con una decisión política.