Contra Cantabria (Ley de Costas)

Empezaba mal la primera vez que nuestro Parlamento regional acometía una iniciativa legislativa para reformar una ley nacional y, a la postre, fue el preludio del espantoso ninguneo con que respondió el Gobierno de la nación -y todo lo que le cuelga- a toda una región como Cantabria que había acudido casi en bloque (el PSOE cántabro evidenció una vez más su falta de independencia con respecto al Gobierno Central) a defender una iniciativa «de región» y que no tuvo el apoyo de ningún grupo parlamentario del Congreso, extramuros del PP, Cs, VOX y PRC. Teníamos la esperanza de que el respaldo constante de nuestro regionalismo al Gobierno de Sánchez, demostrado durante toda esta legislatura, tuviera su contrapartida apoyando a Cantabria esta vez. No pudo ser pese al esfuerzo que hicieron los diputados del PRC, Pedro Hernando y José María Mazón.

El motivo de esta iniciativa era, fundamentalmente, aclarar el artículo 32 de la Ley de Costas que nos viene a decir que toda actividad susceptible de realizarse fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) no puede tener una concesión para esa actividad dentro del mismo. La Ley de Costas del 1988 estableció este criterio pero, a su vez, la reforma de la misma del año 2013 implantó un régimen transitorio para las concesiones antiguas, estableciendo para estas un derecho a recibir prórrogas de duración reglada conforme a su tipo de actividad. Algunas concesiones fueron prorrogadas en su día en Cantabria y en el resto de España conforme a la reforma del año 2013 (Abra del Pas y otras concesiones industriales, agropecuarias y de servicios, etc.), pero con la llegada del gobierno PSOE-Podemos las prórrogas se paralizaron y el Ministerio de Transición Ecológica dejó de resolver todos los expedientes que se estaban tramitando, dejando a la mayoría de los concesionarios sin la seguridad jurídica que les concedía la prórroga a la que tenían derecho.

La Audiencia Nacional, a instancias de la nueva doctrina del Gobierno (¿separación de poderes?) cambió su criterio en consonancia con el nuevo del Ejecutivo y empezó a sentenciar contra los derechos de los concesionarios a quienes protegía la reforma de la Ley de Costas del año 2013.

Algunos acudieron al Tribunal Supremo y, casualmente, el mismo día en que el Parlamento de Cantabria acordaba presentar la iniciativa legislativa en el Congreso, el Alto Tribunal reconoció en una sentencia el derecho de las antiguas concesiones a ser prorrogadas.

Este hecho trascendental no parece haber tenido la atención ni la consideración del Gobierno de España, ni la de los grupos parlamentarios que lo apoyan, cuyo único interés, en este caso, es retorcer la Ley de Costas y su reforma del 2013, para vulnerar los derechos de todas las empresas y particulares que realizan actividades económicas DPMT, y establecer la inseguridad jurídica no sólo en las concesiones que aún no se han prorrogado sino en las que ya tienen resolución administrativa favorable. Y es que, si se consolidara este criterio. (toda actividad que es susceptible a desarrollarse fuera del DPMT, no puede tener una concesión fuera del mismo), pone en la picota a absolutamente toda la actividad económica en todo el Dominio Público costero, cántabro y español y, además, este nuevo criterio interpretativo podría abrir el melón a otras zonas de Dominio Público como son el Dominio Público Portuario y los Montes Comunales, donde la inmensa mayoría de las actividades que se desarrollan en estos momentos son susceptibles de desarrollarse en otros lugares.

La iniciativa legislativa del Parlamento de Cantabria, que buscaba restablecer la seguridad jurídica para una parte muy importante de la economía y la riqueza nacional, no sólo en Cantabria sino también en toda la costa española, se topó de bruces con la lamentable intervención del diputado socialista cántabro Pedro Casares que volvió a argumentar sobre el viejo criterio de la arbitrariedad del caso por caso, además de toparse también con el indecente cinismo del Partido Nacionalista Vasco, que dejó al descubierto las prevendas obtenidas en su momento en el caso de la refinería de Petronor en Muskiz, cuya concesión en DPMT fue prorrogada por el Gobierno de Zapatero a través de la Ley de Economía Sostenible, saltándose a la torera el artículo 32 de la Ley de Costas. La empresa que más contribuye a las arcas de la economía vasca debía tener un trato de favor.

Todos estos son los que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dicen llamar una prórroga ilegal de la concesión de la papelera de ENCE en la ría de Pontevedra por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Esta puñalada trapera del Gobierno de Sánchez al Parlamento de Cantabria y, por ende, a todos los cántabros, jamás se hubiera producido contra Cataluña o el País Vasco, pero, lamentablemente, sí se ha producido contra Cantabria.