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El líder del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta, ha respondido a la incómoda pregunta, que el propio Pedro Sánchez no quiso contestar en el debate ... preelectoral, sobre cuántas naciones hay en la España plurinacional. Ha manifestado Iceta que: «Según los Estatutos de Autonomía, ocho, y si sumamos el preámbulo de Navarra, nueve. Los Estatutos de Galicia, Aragón, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, País Vasco y Cataluña dicen que son nacionalidades, o nacionalidades históricas. Nación y nacionalidad son sinónimos». La respuesta de un socialista, con mando en plaza, nos deja claro a los cántabros que seguiremos siendo de segunda división en esa nueva España.
Ante el impulso que se vislumbra de profundizar en la España asimétrica –una forma edulcorada de señalar la desigualdad y los privilegios– se acentúan aun más los efectos que sobre las comunidades más pequeñas tendrá ese proceso de concentración de riqueza, inversiones y canonjías. Las consecuencias de la insurrección de una parte de los políticos catalanes contra el resto de España comienzan a percibirse con claridad: los españoles deberemos ceder más autogobierno, lo que equivale a más riqueza para Cataluña y País Vasco, lo que supondrá un crecimiento de la ya profunda grieta entre la España rica y la pobre.
Lo que puede suceder en las próximas semanas en los pactos para formar el nuevo gobierno de España, será un paso más hacia la disolución de un país por la vía aparentemente indolora de transformar una situación en otra nueva y llevar a cabo la tarea sorteando el obstáculo de la Constitución. El plan, ya trazado, es sencillo: se procede a modificar el lenguaje para que la nueva realidad se acomode a la letra de la ley. Dicho con claridad: se hace un cambalache con el idioma.
No será más que un paso adelante en el proceso, diseñado hace décadas y ejecutado paulatinamente en los últimos años, de convertir a Cataluña en un país 'de facto', aunque se mantenga como región 'de iure'. Y con el modelo, ya probado, aplicarlo al País Vasco para, más adelante, extenderlo a comunidades como Galicia –que persiste en imponer el gallego como lengua única– Baleares y Levante. Y cuando la nueva realidad esté asentada, el cambio de la denominación de región a nación será un sencillo trámite que a nadie sorprenderá.
Esta cuestión tendrá, si no se evita, una grave repercusión en Cantabria porque dejará a nuestra región dentro de un estado, España, más empobrecido, con dificultades para exportar nuestros productos a Europa –el acceso de Cantabria a la UE precisa atravesar el País Vasco– con una población envejecida y con el déficit de infraestructuras heredado de una visión poco estratégica de los gobiernos españoles, tanto de la derecha como de la izquierda. El periodista Jesús Cacho, un experto en temas relacionados con la economía, presenta el panorama actual del País Vasco: Bilbao se ha reconvertido completamente, cuenta con una red de metro muy amplia y de gran calidad. «Vitoria ha recibido una verdadera lluvia de inversiones para ser una auténtica capital verde, con unos servicios públicos que para sí quisiera Copenhague. Con 250.000 habitantes, en la capital alavesa funcionan diariamente 15 piscinas públicas cubiertas. Una por barrio. Noventa euros de cuota por persona y año para acceder a su uso» y San Sebastián, prosigue Cacho, ha borrado la huella del terrorismo y cuenta con unos servicios de lujo.
En una hipotética España plurinacional el encaje de Cantabria queda en una nebulosa que, en cualquier caso, convendría que los responsables de las diferentes formaciones políticas aclararan. No parece sensato adentrarse el proceso de una profunda transformación sin tener fijadas las metas o, al menos, una idea concreta de cual será el papel que se le otorgue a Cantabria en esa nueva España. El silencio del Parlamento de Cantabria, sobre las posibles concesiones a Cataluña del nuevo Gobierno de España, que trata de formar el líder socialista Pedro Sánchez, no es precisamente tranquilizador. Es necesario recordar que Cantabria, hoy en día, goza de un sistema de financiación privilegiado ya que percibe una elevada cantidad por habitante. Es evidente que, si finalmente la negociación para la investidura y apoyo consiguiente al nuevo ejecutivo, conlleva nuevas partidas para reducir el déficit de las cuentas catalanas y se mantienen, o incrementan, los desfases en la liquidación del 'cupo vasco', el ejecutivo contará con menos recursos y habrá menos dinero para comunidades como Cantabria.
Una posible solución podría consistir en la huida hacia adelante: reformar el estatuto de autonomía de nuestra región para que sea también nacionalidad y, con el nuevo estatus, pasar a ser nación. Esa idea, puramente teórica, choca con una realidad: los independentistas no van a renunciar a separarse de España y, previamente, no consentirán que su estatus de nación dentro de una España plurinacional, sea común para todos, porque lo que subyace en esos movimientos separatistas no es otra cosa que el privilegio. Parece que los españoles estamos carentes de realismo, que nos resistamos a aceptar unos hechos nada gratos pero no por preocupantes menos ciertos: El proceso para que Cataluña y el País Vasco logren separarse de España y se constituyan en nuevos países viene de lejos y ha estado siempre en las ideas y en el discurso de partidos como ERC, PNV, la antigua CiU y formaciones más radicales aun como la CUP o HB. El resto de políticos españoles no han querido enfrentarse a ese hecho y han optado por ir cediendo competencias y eludir el debate, lo que ha alimentado el proceso separatista.
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