Cantabria, ni playas ni ríos

En esa desordenada construcción de la España autonómica, los cauces de los ríos dependen de unos organismos tan poderosos como opacos: Las confederaciones hidrográficas. Y las playas y la costa están bajo la férula del ministerio de transición ecológica, una forma más larga y abstrusa de denominar al clásico ministerio de obras públicas o fomento. Tras esas modificaciones ornamentales de las denominaciones de los organismos, se esconde un empeoramiento en la eficacia de la administración del estado. Cantabria padece esta situación, sin apenas elevar una voz.

El Ayuntamiento de Santander ha solicitado a la dirección general de costas -uno de los entes dependientes del ministerio de transición ecológica- que se arreglen las playas con el método tradicional del relleno con arena. Desde Madrid han respondido que no, que no se pueden rellenar playas como la Magdalena, la Concha o el Sardinero. Con este nuevo episodio de desencuentro entre el ayuntamiento y el ministerio, se demuestra de forma irrefutable, que la competencia en las playas y la costa es ministerial y que a los municipios solo les queda la tarea ingrata: pagar a los socorristas, limpiar los arenales y controlar los accesos para evitar aglomeraciones. Las obras y los trabajos de mantenimiento de los arenales siguen en manos del gobierno.

Quizás, porque se ha desvanecido el equívoco producido cuando se iniciaron las obras de los malecones de la playa de a Magdalena, acerca de que la obra era municipal, han cesado completamente las tímidas protestas contra el proyecto destinado a proteger los arenales.

Este verano asistimos al espectáculo de una playa, como la Magdalena con la obra del segundo dique parada, con piedras en una parte del arenal y con una pérdida de arena tan grande que ha dejado al descubierto viejas estructuras. Y, como era de esperar, ahora que no cabe responsabilizar al equipo de gobierno municipal, se hace el silencio.

La pandemia del coronavirus ha tenido serias repercusiones en múltiples aspectos de la vida cotidiana pero, por el contrario, ha sido una etapa fructífera en los trabajos relacionados con los proyectos, las ideas y la planificación. En el caso del futuro de la playa de la Magdalena no ha sido así. Un año más tarde del detener las obras seguimos los santanderinos sin saben tan siquiera lo que piensa ejecutar el Gobierno central. Seguimos a la espera de que nos digan si se termina el proyecto con la segunda escollera o, por el contrario, se descarta la idea y se procede a demoler todo lo construido. Estos meses no han servido para que los técnicos dictaminen sobre la obra.

Otro de los problemas que se vienen arrastrando durante años es el derecho de la ciudad de Santander y su entono a recibir parte del agua del pantano del Ebro. Los trámites para solicitar unos pocos hectómetros cúbicos más parecen dignos de una novela de Kafka y se repiten constantemente. El pantano depende de la confederación hidrográfica del Ebro y en Zaragoza consideran que el agua que corre desde los montes de Cantabria hacia la cuenca es suya, de su propiedad exclusiva. Y de manera reiterada retrasan, obstaculizan y niegan que nuestra comunidad pueda disponer del agua cuando sea necesario.

No es ocioso dejar claro que el pantano del Ebro se nutre con las aportaciones de los ríos que nacen en la ladera sur de los montes de Cantabria. Dicho más claro, si Cantabria construyera presas dentro de su territorio, el pantano quedaría seco. Santander reclama unas gotas para casos de emergencia de un agua que es suya. Y, por la negativa del ministerio a admitir esa realidad, se anuló el plan general de ordenación urbana de Santander, un serio perjuicio para el desarrollo de la capital de Cantabria.

La Administración pública tiene su razón de ser en facilitar el desarrollo y el bienestar de los españoles. Tal parece que en lugar de agilizar trámites y aplicar la lógica, actúa en sentido contrario. No es posible que los laberintos burocráticos, que sirven para incrementar las plantillas y el personal de unos entes poco útiles, se mantengan cuando su efecto es perjudicial para el bienestar de todos los españoles. Cantabria tiene derecho a disfrutar de sus playas y sus ríos y puede hacerlo sin por ello perjudicar a ninguna otra comunidad.