Cantabria se privatiza

En el Gobierno de Cantabria están adscritos seis de cada diez empleados públicos de la región con unos índices de interinidad o de temporalidad en el empleo que sobrepasan con claridad los del sector privado, y eso que los de éste no son precisamente bajos, sino los más altos desde el año 2007.

Casi la mitad de los empleados públicos de Cantabria son de la sanidad o de la enseñanza no universitaria dependiente de la Administración autonómica, y sólo en estos sectores el porcentaje de profesionales con un contrato temporal supera el 30%, también por encima del algo más de un 23% del sector privado de la región.

Es más que necesario el cumplimiento de la normativa europea y del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep) y establecer, según los propios informes europeos, una penalización económica a la Administración pública como empresa precaria.

No en vano, y es difícil de entender, el sector público de Cantabria y el del resto del país se ha convertido en una máquina de generar empleos eventuales, sobre todo desde que empezaron los recortes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2011 y poco antes de entrar en vigor en febrero de 2012 la nefasta reforma laboral aún vigente por desgracia para este país.

Es también difícil de entender que el sector público de Cantabria, con todas sus concesiones de servicios a empresas privadas, sociedades públicas empresariales o fundaciones, tutele hoy en día a más de un 40% de trabajadores con un contrato temporal, casi el doble que en el sector privado.

Y aquí hay que volver al que más empleo público tiene, el Gobierno de Cantabria, y por qué se ha llegado a una situación como la actual, donde la pérdida de personal público, ya sea funcionario o laboral, por una reposición deficitaria de efectivos se une a un envejecimiento progresivo de una plantilla que en diez años alcanzará niveles de jubilación especialmente altos.

La consecuencia de esta escasez de efectivos públicos es evidente y los ejemplos abundantes. El ciudadano percibe que la respuesta de la Administración a sus necesidades se ha debilitado; que no es normal que, por poner uno de esos ejemplos, la respuesta a una solicitud de subvención del plan de vivienda se demore más de un año o que otras ayudas o prestaciones vitales sigan el mismo camino y la misma tardanza. Eso sí, al mismo tiempo se siguen concediendo servicios públicos a empresas privadas, como la reciente adjudicación de la gestión de ayudas del sector cultural a una empresa de sólo cuatro trabajadores que recibirá por ello 221.000 euros de dinero público.

No es nuevo, esta privatización viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y todas las consejerías del Gobierno de Cantabria parecen proclives a ella y se muestran encantadas de disponer de una de esas sociedades o fundaciones para aliviar la escasez de personal propio de empleados públicos.

Es más, algunas de estas sociedades públicas y fundaciones disponen de partidas presupuestarias asignadas en los Presupuestos de Cantabria aunque en realidad no den servicio, como sucede con la Fundación Marqués de Valdecilla y la residencia de educación especial de Parayas, que se mantiene cerrada sin una justificación más allá del covid-19 pero con una dotación de medio millón de euros de las arcas públicas.

Las empresas privadas, sociedades empresariales públicas y fundaciones tienen cada vez más peso en los servicios públicos e incluso en unos cuantos casos sus trabajadores han pasado a formar parte de la propia plantilla del Gobierno de Cantabria por la puerta de atrás, sin oposición ni mérito ni igualdad de oportunidades como cualquier otro empleado público. Se las deja crecer en personal y cuando interesa se las transfiere a las administraciones públicas, que para eso lo aguantan todo.

Lo curioso de todo ello es que los dirigentes políticos del Gobierno de Cantabria recuerdan una y otra vez que el capítulo presupuestario destinado a su propia plantilla crece sin cesar, aunque habría que preguntarse a dónde se dirige todo ese dinero público porque sigue habiendo muchos departamentos que están medio vacíos de personal.

Algo tiene que cambiar, y mucho, para que el Gobierno de Cantabria y otras administraciones públicas recuperen la esencia de la gestión de lo público, de la atención directa a los ciudadanos mediante servicios prestados por trabajadores que han accedido como corresponde a la función pública y, sobre todo, para que no sean máquinas de crear empleo temporal y de verdad puedan dar ejemplo a la sociedad.