Cantabria y el reto de la financiación autonómica

Estos días, se han publicado las entregas a cuenta iniciales de la financiación del Estado a las comunidades de régimen común. Dada la situación de prórroga presupuestaria, las cantidades abonadas tienen de referencia las entregas actualizadas de 2019. Como el nuevo Ejecutivo va de generoso, las ha aumentado un 5% respecto a la partida de hace un año. Aunque las definitivas se conocerán cuando se elaboren las previsiones de ingresos, estos adelantos a cuenta permiten predecir las transferencias totales que se satisfarán en 2020.

Como la población de las CC AA es muy distinta, las estimaciones se hacen por habitante. Los que recibirán más fondos en la entrega inicial a cuenta serán los cántabros (3.052 euros), seguidos de los riojanos (3.023) y los extremeños (2.836). Por el contrario, como si hubiera una norma que preservase la equidad nacional, estos tres grupos de ciudadanos percibirán un menor incremento en 2020 respecto a 2019: 4,23%, 4,68% y 4,77%, respectivamente.

La entrega a cuenta resultará menor para los habitantes de Baleares (1.787), Comunidad Valenciana (1.911) y Murcia (2.114), mientras que sus porcentajes de aumento de financiación respecto al año anterior alcanzan, en el mismo orden, el 11,45%, 9,11% y 5,84%. Así, los baleares son a los que menos dinero les llegará en 2020, pero también los que más subida disfrutarán respecto a 2019.

Estas cifras dispares plantean la necesidad de mejorar la cohesión nacional, para favorecer la solidaridad; pero, eso sí, con unas cautelas y normativas inexorables. Resulta natural que determinados servicios básicos, como la sanidad, la educación y otras prestaciones sociales, presenten una calidad similar. Sin embargo, las comunidades receptoras deben asumir la consecuente responsabilidad. Recordemos que las abundantes ayudas europeas que desembarcaron en los territorios más pobres no disminuyeron su diferencial económico (por ejemplo, en PIB per cápita) respecto a las regiones más avanzadas. La causa reside en que las multimillonarias ayudas comunitarias no se emplearon en mejorar las infraestructuras productivas, en I+D+i y en apuestas tecnológicas de futuro, sino en subvencionar bienes que nunca serían competitivos por sí solos. Las comunidades harían bien en no delegar en el Estado central la búsqueda de una solución que podrían hallar ellas mismas.