Cantabria y el 'zugzwang' de su financiación

Precisamente, al adentrarnos dado el horizonte actual en ese 'mundo del perro de hortelano' que ni come ni deja comer, se presume marejada en la financiación autonómica para nuestra querida Cantabria, dado que llevamos en las últimas fechas encabezando el ranking nacional de ingresos por habitante. Aunque eso puede a empezar a cambiar dadas las ansias de otras regiones por imponernos unos criterios de reparto que en nada nos benefician y pueden condicionar una prestación suficiente y de calidad en servicios básicos como la sanidad o la educación.

Si se llegan a cumplir las previsiones iniciales oficiales nos tocarían ahora casi 3.050 euros por cántabro frente a otras Comunidades que ni siquiera llegarían a los 2.000 euros. Por ello, no es para nada descartable que frente a una apuesta sosegada por lograr un nuevo sistema de financiación autonómica que ponga fin a las crecientes desigualdades territoriales, más allá de deudas por reclamar como la reciente devolución del IVA de 2017, nos encontremos finalmente con un 'sálvese quien pueda' donde como decía Kennedy todas las regiones partan de la base de que «lo que es mío, es mío, y lo que es tuyo es negociable» haciendo difícil un futuro pacto.

Así pues, sanidad, educación, servicios sociales..., que son competencias regionales desde hace años, pueden volver a replantearse. Aunque las quejas y propuestas de renegociación del sistema hacen que sólo algunas recomendaciones de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de hace tres años tengan sentido, otras han de volver a analizarse en un contexto económico-político y de envejecimiento demográfico totalmente distinto, donde ninguna región reconoce estar contenta con su financiación.

Por consiguiente, la financiación autonómica como tema complejo, técnico e influenciado por la situación política catalana hace pensar en que tenemos como región una cita ineludible y necesitamos una posición consensuada internamente. Esto nos hará más fuertes y unidos. El debate entre modelos «cooperativos» (Galicia, las dos Castillas, Aragón, Asturias, La Rioja o Extremadura) y «competitivos» (Madrid, Cataluña, Baleares o Valencia) está servido y en Cantabria podríamos perder más del 25% de los recursos. Es decir, perder en el año base del nuevo modelo cerca de 650 euros por habitante, lo que podría suponer una pérdida de 375 millones en términos totales si nos imponen modelos «no cooperativos» que no tengan en cuenta adecuadamente criterios como la dispersión geográfica, la orografía o el envejecimiento de la población, además de la cláusula del 'statu quo' que, si bien están presentes en el modelo actual, podrían renegociarse por otras regiones de manera lesiva para Cantabria.

Por tanto, nos encontramos con una situación paradójica a semejanza de lo que sucede en el ajedrez con el 'zugzwang'. Es decir, una posición en la que cualquier movimiento que hagamos puede empeorar nuestra situación como región en materia de financiación autonómica. Dicha palabra, que en alemán significa que estamos 'obligados a mover ficha', ejemplifica el momento desde un punto de vista táctico. Cualquier jugada es potencialmente lesiva para nosotros. Si vamos a la negociación con una postura bronca y beligerante podemos encontrarnos solos y perder la centralidad, pero si moderamos el tono podemos perder muchos fondos en beneficio de otras regiones con más ases en la manga.

Resulta pues clave que el nuevo modelo incluya una buena cuantificación para Cantabria del coste real de la prestación de nuestros servicios públicos: ajustar el reparto de recursos no sólo por población sino también ponderar mejor algunos de los ajustes actualmente existentes por estructura demográfica, dispersión, orografía, etc. Además, desde Cantabria somos capaces de poder simular, con anterioridad a su aprobación, todos los posibles escenarios de reforma del modelo de financiación, por lo que nunca iríamos 'a ciegas' a dicha negociación si se hacen antes los deberes. Un sistema justo ha de basarse en el consenso y pivotar sobre la mejora de la corresponsabilidad fiscal de todas las regiones sin menoscabo de su aportación a la solidaridad interterritorial.