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En el artículo del pasado 2 de mayo aventuré que la cantidad mínima que debíamos tener en cuenta como fondo para la recuperación económica de Cantabria era de 1.500 millones de euros, para ser empleados en 2020-2022. Habrá usted anotado que ... la reciente propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, la democristiana alemana Úrsula von der Leyen, supondría para España recibir 140.000 millones de euros. Puesto que Cantabria es el 1,15% del Producto Interior Bruto nacional, una primera aproximación indica que nos podrían corresponder 1.610 millones. Es decir, que hace cuatro sábados no sólo no estaba exagerando la cifra, sino incluso quedándome por debajo.
Esta cuenta se refiere al plan europeo. Además de esto, hemos de considerar las propias capacidades del Gobierno español, del Gobierno de Cantabria y de las Administraciones municipales. Estas capacidades serán temporalmente mayores al relajarse los criterios de estabilidad presupuestaria: aunque más adelante haya que reconducir las cuentas públicas a la serenidad, ahora se aplica lo de 'a grandes males, grandes remedios'.
Con esto debo reiterar, al alza, mi estimación de que un verdadero plan que nos saque de esta tendría que acercarse a los 2.000 o 2.500 millones en un trienio. Así se conseguiría probablemente la deseada forma de 'V': un rápido rebote alcista tras el choque de esta primavera vírica. El destino de esos fondos no puede ser otro que, por una parte, atender el presente de la supervivencia de negocios, empleos e ingresos de hogares y, por otra, fomentar en lo público y en lo privado inversiones y contrataciones dinamizadoras del empleo. No es deseable que una situación de excepción en la que los fondos públicos lo sostienen casi todo se eternice en el tiempo, pues no habría manera de financiar semejante modelo económico-social. La acción ha de ir encaminada a detener la caída de los mercados y a motorizar una veloz recuperación, a lo largo de líneas que además generen porvenir.
Desde el punto de vista económico y laboral, la sociedad de Cantabria queda dividida en estos momentos en dos grandes grupos. El primero es el de quienes, siendo empleados públicos y semipúblicos (servicios concertados, por ejemplo), o bien receptores de alguna de las modalidades de pensión y/o rentas sociales, pueden considerar como seguros sus ingresos recurrentes. Aquí se pueden añadir, aunque no con el mismo grado de seguridad, aquellas empresas y empleados de la economía privada que, por pertenecer a sectores esenciales o menos afectados, mantienen una expectativa razonable de actividad y remuneración.
Sin embargo, existe un segundo grupo, algo más grande, compuesto por empresas y empleados afectados por regulaciones o cierres, o de sectores que siguen funcionando, pero con ingresos bastante menguados, y con proyectos de futuro que de pronto han quedado en puntos suspensivos, tanto empresariales como de profesionales por cuenta ajena. No sólo la hostelería o el turismo se hallan en esta situación, sino muchos otros servicios e industrias, así como el campo, cuyas estampas bucólicas ante la pandemia no deben ocultar que sin una plena recuperación de la demanda alimentaria puede caer en sobreproducción que hunda precios (de hecho, ya se están utilizando ayudas europeas para almacenamiento de excedentes).
Posiblemente la Cantabria más 'asegurada' sea consciente de que su protección frente a la adversidad económica es sólo temporal: si la economía privada no remonta en un plazo razonable con sus cifras de negocios y de empleos, los Presupuestos públicos serán insostenibles, y las subidas de impuestos que se articulen para intentar (en vano) equilibrarlos se llevarán por delante gobiernos, líderes, partidos y coaliciones. La Cantabria 'protegida' sólo lo está de momento. Y como las pensiones difícilmente se van a tocar (todo lo más, con restricciones para los nuevos jubilados), sería la nómina pública la sometida al ajuste (entre ella la de la clase política de todos los niveles, que podría verse desbordada por una ola de opinión pública reclamando ejemplaridad). Gran parte de los recursos de este plan de más de 2.000 millones debieran, en consecuencia, acabar en las cuentas de las pymes, los autónomos y sus empleados, no en otras. Es lo mejor también para el sector público.
Uno de los mayores problemas del relato 'antirrecortes' en referencia a la pasada recesión es que se centra en una teoría conspiranoica (como si unos seres pérfidos de Spectra u otra organización de película hubieran tramado más impuestos y menos gastos), en vez de entender que, en primer lugar, los recortes públicos son la consecuencia de los recortes privados anteriores (el ciudadano o la empresa no pueden pagar los mismos impuestos si su salario o facturación han caído) y de una manera rígida de afrontar esa descompensación (buscando ajustes presupuestarios rápidos en vez de ajustes más pacientes). El problema no fueron los recortes en sí, sino un cronograma que magnificó sus efectos, y cuya causa no fue ninguna perfidia, sino que los países del sur no tenían la confianza del mercado y los de norte no querían debilitar el euro ni sus propias cuentas nacionales. Los únicos que podían ayudarnos se equivocaron con sus condiciones (por egoísmo, miedo o convicción intelectual), mientras que los países anglosajones fueron más acomodaticios (los estadounidenses desde el principio, los británicos tras rectificar) y sufrieron menos la recesión y el paro. Ellos tuvieron su 'V' y nosotros nuestra 'W'.
Por histéresis se entiende el hecho de que el efecto permanezca, aunque la causa haya desaparecido: es la huella permanente de la historia. Muchos economistas han subrayado que las recesiones pueden generar histéresis, es decir, daños permanentes en el nivel productivo. Es lo que la recuperación no recupera. Hay que evitar el riesgo de histéresis: que la economía de Cantabria quede muy por debajo de su potencial; y que la sociedad quede atrapada en una dicotomía entre seguros e inseguros, que finalmente hará inseguros a todos.
No sabemos cuánto durará el estado de alarma sanitaria, pero el de alarma económica no concluirá antes de dos años. En volumen y en diseño, hace falta un plan adecuado.
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Ana del Castillo
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