¿Por qué la luz es tan cara?

Para tratar de entender lo sucedido es preciso conocer cómo se forma el precio de la luz, empezando porque este tiene dos grandes componentes: el coste de la energía, que depende del mercado mayorista, y los peajes e impuestos, que conforman la denominada parte regulada.

El primer componente, el coste de la energía, supone el 40% del precio total, y es el que, teóricamente, se forma de acuerdo con las leyes del mercado. El mercado energético, sin embargo, no es un mercado libre, con numerosos demandantes y oferentes compitiendo entre sí, sino un mercado oligopolístico, en el que unas pocas grandes empresas (cinco) cortan el bacalao, ya que se compran y venden entre ellas. En cuanto a la oferta propiamente dicha, lo cierto es que concurren todas las formas de generación (fósil, hidráulica, solar, eólica, nuclear, etc.), pero, curiosamente, el precio lo fija siempre la tecnología más cara, que es la que entra la última en las subastas. Además, las diferencias de precios entre las distintas formas de generación pueden llegar a ser muy elevadas, lo que, como en el caso del mes pasado, contribuye muy directamente a aumentar el precio al consumidor. Un hecho adicional a tener en cuenta en este apartado es que nuestro país importa en torno al 80% de la energía consumida y que la producida en el país (el 20% restante) tiende a ser cara (la procedente del carbón y la renovable) y muy volátil (la hidráulica, por las recurrentes sequías y porque las empresas eléctricas controlan el grifo de los pantanos y sólo tienen la obligación de verter agua para mantener el 'caudal ecológico').

El segundo componente del precio, el que se corresponde con la parte regulada, supone el 60% del precio final. En esencia, este es el resultado de malas decisiones políticas (que se traducen en múltiples subvenciones y exceso de capacidad) y de los impuestos aplicados. Entre las subvenciones que se pagan con cargo al precio final del kilovatio/hora hay que contabilizar, sobre todo, las primas a los regímenes especiales (renovables y cogeneración) y al carbón nacional (que es escaso, malo y caro), los costes de la moratoria nuclear (para compensar por la suspensión de la construcción y puesta en marcha de centrales nucleares), los costes extras para suministrar a los archipiélagos, y los costes de transición a la competencia (eufemismo empleado básicamente para referirse a las «indemnizaciones que las empresas debían recibir para compensar la caída de sus beneficios ante la entrada de nuevos competidores en el mercado con la ley de liberación del sector eléctrico de 1997»). En cuanto a la sobrecapacidad productiva (se estima que la demanda alcanza aproximadamente el 50% de la oferta potencial del sector), hay que subrayar que no es más que el resultado de pensar, erróneamente (tanto los políticos como las eléctricas), que el crecimiento de la demanda se mantendría de forma continuada, por lo que había que invertir para aumentar la capacidad; una forma, como otra cualquiera, de crear una burbuja especulativa. Por último, el apartado de los impuestos, que viene a representar un 25% del precio final de la electricidad, tiene, a su vez, dos componentes, el IVA (del 21%) y el impuesto eléctrico (del 5%).

Aunque hay algunos otros elementos en juego a la hora de determinar el precio de la luz, como los derechos de emisión de CO2, los factores comentados explicarían, creo yo, más del 90% del total. ¿Se podría hacer algo para bajarlo? Sí, aumentar la transparencia, aumentar la competencia y reducir significativamente las subvenciones. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato?¿Quién se enfrenta al imperio del amperio?