La otra cara del caso Oltra

Al margen de la imputación decretada por los tribunales a la vicepresidenta es necesario, indispensable, realizar una evaluación de lo acaecido para poder extraer una conclusión del comportamiento de los gobernantes valencianos, de las diferentes instituciones públicas y de la clase política. Sin dejar de lado el papel de los medios de comunicación.

Los hechos probados indican que cuando la menor, tutelada por el gobierno valenciano, denunció los hechos, no solamente no la creyeron, sino que se desarrolló una campaña de descrédito contra ella. Falta saber: ¿Quién ordenó que la menor fuera esposada y conducida de esa forma a declarar? Vemos con harta frecuencia a imputados -no víctimas- que acuden a los juzgados con plena libertad. Además ¿Por qué un gobierno progresista no aplicó el «yo si te creo»? ¿Qué razones se pueden esgrimir para justificar las dificultades de todo tipo que afectaron al proceso? ¿Qué funcionarios emitieron informes cuando menos inexactos? ¿De qué forma intervino la consejería de Oltra para averiguar lo ocurrido y exigir responsabilidades?

Es precisamente en la forma en que trató el caso el gobierno, del que Oltra era vicepresidenta, dónde debe enfocarse la cuestión: ¿Actuaron de manera correcta las diferentes instituciones que debían proteger a la menor? Esa es la clave, al margen de otro nivel mucho más preocupante, en el que se determinará si Mónica Oltra cometió algún delito. Lo que se desprende de las actuaciones judiciales es que el caso de la menor, que estaba bajo la custodia de la consejería de Oltra, ha estado repleto de irregularidades, que ha habido actuaciones que indican un intento de ocultar la denuncia y de socavar la credibilidad de la menor abusada. En esto reside la responsabilidad política de Oltra y por ello debe responder. Al margen de la comisión o no de un delito, lo que ya se ha demostrado es que ha habido acciones irregulares, cuando no ilegales, para desacreditar a la denunciante y salvar al delincuente, Luis Eduardo Ramírez, cuando estaba casado con la vicepresidenta valenciana. Ramírez ha sido condenado, pero resta esclarecer el comportamiento de políticos y funcionarios que colaboraron en el atropello. Argumentar la excusa de la obediencia debida no es válido, porque quienes ejercen la función pública tienen la obligación de no actuar contra la ley.

No es necesaria la imputación de un delito a Mónica Oltra para exigir su destitución. Basta con analizar y depurar las actuaciones en la incoación del expediente de denuncia de la menor. Otro aspecto que se oculta es la inacción del presidente de la región de Valencia, el socialista Ximo Puig. Un socialista, con «perspectiva de género», que en lugar de prestar ayuda a la víctima defendió a quien ocultaba los hechos. Un presidente que no fue capaz de cesar a Oltra y se mantuvo en la ambigüedad hasta el último momento.

El capítulo de silencios y complicidades es largo: Los movimientos en defensa de la mujer, especialmente volcados con los abusos sexuales, no han emitido comunicados, ni levantado la voz. Tal parece que defienden a la presunta encubridora en lugar de a la víctima. Tampoco los partidos políticos se han posicionado. En Cantabria el silencio ha sido absoluto, quizás porque la distancia hace menos grave lo sucedido.

Las lecciones del caso Oltra quedan a la vista: A quienes ejercen el gobierno, con mandato democrático, hay que exigirles no ya que no delincan, sino que ejerzan con eficiencia sus competencias. Cuando se descubren errores graves y no se quieren reconocer es necesario relevarles del cargo. No olvidemos que el ejercicio político es voluntario, que la mayoría afirman que están solamente para servir a los ciudadanos, que pierden tiempo y dinero con su tarea política... y que, por tanto, dimitir o ser cesados no es más que una necesidad para depurar las instituciones.