No pongamos vallas al campo

España es conocida por sus cultivos de aceitunas, vides, frutas y verduras, entre otros productos, pero en contrapunto es uno de los países europeos más afectados por la sequía y los efectos del cambio climático que empeoran su situación, haciendo que los agricultores tengan serias dificultades para planificar sus cosechas. Esto hace necesario implementar políticas que permitan mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad del sector, así como incluir medidas para mejorar el acceso al agua, fomentar la formación y educación agrícola, mejorar la infraestructura y promover la innovación y tecnología en el sector.

Se habla de los problemas de desequilibrios en la cadena alimentaria, puesto que el valor que genera dicha cadena no llega a los agricultores. Un ejemplo es la variación de precio que hay entre los productos en origen y en destino. Por ello, uno de los retos a afrontar es reequilibrar la cadena agroalimentaria para evitar los abusos que sufren, reclamando precios justos por ley que permitan, al menos, cubrir los costes de producción.

Sin embargo, el problema del campo no está solo en los grandes hipermercados. Se suele soslayar que el 70% del total de la producción agrícola española se exporta, ya que el consumo interno es «del todo insuficiente» para poder asumirla. Por ello, no se resalta que del 30% restante se estima que cerca del 20% es comprado por la industria alimentaria española para su posterior transformación, de manera que el 10% del total es adquirido por la distribución nacional para su venta directa a los consumidores. Ante estos datos, responsabilizar a este último escalón de los problemas del sector primario por los bajos precios de venta al público fijados resulta ciertamente excesivo, aunque también es cierto que éstos se sitúan en niveles tan bajos para determinados productos que en numerosas ocasiones se producen ventas a pérdidas.

Pero hay otras razones más profundas que deben contemplarse. Una de ellas es que habría que plantear una solución a la gran dispersión de la oferta ya que ésta, que está integrada por un gran número de productores en su mayoría de pequeño tamaño, hace frente a una cada vez mayor concentración de la demanda, sobre todo en lo que se refiere a la distribución. Esto hace que esta última esté en una mejor situación a la hora de negociar los precios de adquisición presionándolos a la baja.

Otro problema es que la oferta no es exclusivamente nacional, sino que muchos productos provienen de terceros países cuyos costes de producción, y muy especialmente los costes laborales, son mucho más reducidos. A esto habría que añadir que las garantías sanitarias de varios países no cumplen en ocasiones los estándares de calidad fijados para los productos europeos.

Otra cuestión a tener en cuenta es la incapacidad, tanto del sector productor como del sector industrial y la distribución nacional, para hacer que el consumidor español perciba las diferencias de calidad entre el producto español y el de terceros países. Esto lo ilustra el caso del vino, que es el primer exportador mundial en volumen, pero el tercero en valor, debido a que la mayoría de sus exportaciones se realizan a granel.

Por otro lado, desde 2021, con el aumento de los precios a causa del atasco en la cadena de suministros, y especialmente desde 2022, con la invasión rusa de Ucrania, el precio de fertilizantes, combustibles y piensos se ha disparado.

Dentro de esa ristra de problemas también hay que buscar la simplificación administrativa del campo, ya que los procedimientos para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) resultan farragosos. La nueva ley está regida por 18 reales decretos que dificultan llegar a tener acceso a todas las ayudas posibles, puesto que en sus inicios la PAC era «sencilla», pero con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más compleja.

Y por último, la irrupción de los fondos de inversión en el campo español. El 'agrobussines'. Grandes fondos que buscan una rentabilidad de 40 años en 15 agotando todos los recursos y después: ¡a otra cosa! Buscan maximizar el beneficio mientras descuidan la parte social del medio rural, siendo este último el papel que juega el agricultor profesional. Si este desaparece, impediremos que en el campo se cree tejido social, en definitiva, que existan personas trabajando para ayudar a otras personas. Defendámoslo.