La cadena de custodia del voto

En la España democrática habíamos creído que el proceso electoral estaba controlado, que no existían lagunas que propiciaran el fraude, que los interventores nombrados por los partidos políticos son una garantía de supervisión de la votación y el recuento y, en consecuencia, que el resultado refleja con exactitud la voluntad popular.

Pero recientes acontecimientos alarmantes en distintos puntos del Estado han puesto de manifiesto que el voto por correo tiene goteras por donde se cuela en las urnas el agua de las cloacas. Y es que, a quien desea votar utilizando este medio, se le exige el DNI en el momento de realizar la solicitud; se le vuelve a requerir cuando se le entregan en su domicilio las papeletas y la certificación censal; pero…, tras tanto trámite, resulta que nadie te pide que te identifiques en el momento crucial, cuando acudes a las oficinas de Correos a depositar tu voto, cuando realmente votas; al punto de que cualquier persona puede llevarlo por ti, el tuyo y un sinnúmero más, sin necesidad de identificarse, lo que impide conocer quién está emitiendo el voto. Aquí el procedimiento quiebra, se rompe la cadena de custodia. Y es ni más ni menos el previsto en la Ley Electoral desde hace cuarenta años, que no exige explícitamente la presentación del DNI en el instante clave, lo que favorece la 'compra del voto' (o, más bien, del certificado de inscripción emitido por la Oficina del Censo Electoral) con la seguridad para el corrupto comprador de tener el dominio del mismo.

Es realmente inexplicable que en un país que 'vomita' constante legislación ningún responsable político haya decidido durante todos estos años reglamentar con garantías esta modalidad de votación. Mientras esperamos con urgencia una regulación, sólo cabe soñar que los corruptos no hayan logrado modificar la voluntad colectiva en pasados sufragios.