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El anteproyecto de la nueva ley del suelo de Cantabria lleva unos meses en el Parlamento y en ese tiempo se están oyendo voces ... discrepantes con algunos asuntos de la misma y, en particular, con la regulación que se pretende para las viviendas unifamiliares en suelo rústico, permitiéndolas, sobre la base de una distancia máxima respecto a los asentamientos, lo que se conoce como 'corola'. El texto presente en el Parlamento es heredero directo del vigente, que modificó en el año 2012 el texto del año 2001 que impedía su construcción hasta que se redactase el Plan Regional de Ordenación Territorial. La norma de 2001 preveía un plazo de nueve meses para la aprobación inicial de este documento, pero la realidad es que han pasado 21 años sin hacerlo. Ante esta situación el Parlamento de Cantabria optó por un cambio de estrategia con la modificación del año 2012 permitiendo la construcción de viviendas en suelo rústico dentro de una desproporcionada 'corola' que variaba entre los 100 y 200 metros, según los casos. Sin entrar en pormenores legales, esto significó la 'recalificación' inmediata de cientos de hectáreas en Cantabria, con carácter general, sin el aval de un estudio pormenorizado caso por caso y sin la adopción de las debidas cautelas ambientales. Esta distancia podría parecer razonable si se ignoran las características del poblamiento de Cantabria, pero los datos indican que si se atiende a la dimensión promedio de la extensión de un asentamiento o a la distancia entre los mismos se percibe su verdadera magnitud; excesiva.
Este crecimiento de 'corola' se realiza sobre un capital geológico y biológico que requiere de miles de años para su formación; suelo, terrazgos, mieses, hoy convertidas en pastizales, incapaces de competir en términos de rentabilidad agraria ante el suculento espejismo de la oferta urbanística. Argumentan los propietarios, que son el esfuerzo generacional, la hucha en la que sucesivas generaciones invirtieron sus ahorros, y esto es cierto, pero descuidan que las reglas de juego no habían contemplado hasta ahora la urbanización. El suelo era el principal recurso disponible para la subsistencia y como tal se trataba con absoluto respeto. Como bien dice la canción de Mercedes Sosa, «todo cambia», hasta el clima, y el suelo rústico ha tenido sus vaivenes, perdió atractivo en la medida que la globalización nos daba acceso a otros suelos lejanos, pero, paradojas, empieza a ser valorado de nuevo desde una perspectiva ambiental y especialmente como soporte productivo. El covid (puso de manifiesto la importancia de la soberanía en sectores estratégicos), los problemas logísticos o la guerra de Ucrania han vuelto a darnos argumentos para interesarnos por cuidar el suelo productivo, entendiendo el valor de la soberanía alimentaria (capacidad para ser autónomos en la producción de alimentos) y así Europa ya está analizando adoptar medidas al respecto.
El reverso de esta regulación expansionista, está en el interior de los asentamientos. La ruina acecha, y no son pocas las construcciones que languidecen a la espera de un nuevo esplendor. El poblamiento cántabro se ha construido con espíritu gregario. El hastial, la pared medianera que divide cada una de las edificaciones de las tantas hileras que construyen los asentamientos cántabros, habla de esta condición y establece unas reglas de crecimiento precisas para definir cada construcción, sus límites. Una situación única en latitudes atlánticas que otorga a los asentamientos de Cantabria un potencial incalculable para la rehabilitación. Todas estas construcciones conforman un patrimonio cultural de incalculable valor que requiere de un mimo y atención singular. La expansión edificatoria hacia el exterior de los asentamientos incentiva una demanda que se aleja de la rehabilitación, entorpece.
Terrazgos y asentamientos son una realidad única, valiosa y apreciada que conforman un paisaje, un bien común. El territorio ha de ser ordenado en base al interés general, y es por ello que se establecen limitaciones, incluso sobre el propio concepto de propiedad, de tal manera que el hecho de ser propietario de una finca no otorga derecho edificatorio alguno, lo harán los instrumentos de planificación, es fácil entender que sea así. El valor de una finca, el interés por ser edificada depende y afecta a numerosos bienes y valores comunes.
El poder político en el seno de los partidos, parece condicionado, desde una perspectiva de interés mas bien individualista y cortoplacista, y hasta la fecha carece de propuestas que den salida a este conflicto de intereses de forma acorde con los escenarios mas previsibles. La tesis expansionista ha dejado de encontrar soporte tanto en la literatura técnica como en la normativa territorial, tanto a escala europea como estatal. La apuesta que se hace desde esos instrumentos tiene una marcada dirección en favor de la rehabilitación y la protección del suelo, nuestra sostenibilidad lo requiere. Las decisiones que se adopten no pueden ignorar esta realidad por mas que se desee otra.
Urge revisar esta propuesta de modelo de ocupación territorial en favor de un mayor respeto a nuestro territorio, es momento de recuperar la cultura territorial que antepuso la preservación del suelo como uno de los recursos más valiosos, debemos evitar la ruina de los asentamientos que ya tenemos.
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